Fiscalía investiga presunta operación de inteligencia

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una investigación sobre la denuncia del Gobierno que apunta a una supuesta operación de espionaje ilegal. Según la acusación, se habrían grabado de manera clandestina conversaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios, y luego difundido a través de medios de comunicación y redes sociales.

El objetivo señalado por el Ejecutivo sería desacreditar al gobierno, influir en la opinión pública y en los próximos comicios, así como generar desestabilización política y económica. La investigación también busca determinar si esta maniobra podría tener un carácter destituyente y si estuvo vinculada con la oposición kirchnerista.

Protección de las fuentes y domicilios periodísticos

Stornelli aclaró que la pesquisa "no podrá hurgar en las fuentes de los periodistas" por mandato constitucional. Tampoco se podrán allanar domicilios sin una orden judicial fundada, aunque aquellos que deseen colaborar voluntariamente podrán aportar datos.

Esta decisión responde a un pedido previo del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había solicitado allanar el canal de streaming Carnaval y los domicilios de los periodistas vinculados a la difusión de los audios.

Alcance de la investigación y antecedentes

El fiscal sostiene que las grabaciones podrían haber afectado a funcionarios de alto rango y se realizaron en lugares bajo jurisdicción exclusiva del Estado, lo que justifica la competencia del juzgado federal. Además, se investiga la posible ilegitimidad de los audios y su difusión dolosa, apuntando a la manipulación y tergiversación de la información.

La pesquisa también busca esclarecer si los periodistas involucrados participaron de manera consciente en la operación o fueron sorprendidos en su buena fe, y si existieron intentos de chantaje a funcionarios mediante estas grabaciones.