La disputa judicial entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la diputada nacional Soledad Molinuevo alcanzó su punto de máxima tensión. El juez Pedro Cagna emitió una nueva resolución donde otorga un plazo perentorio de dos días para que la legisladora elimine las publicaciones consideradas agraviantes, bajo apercibimiento de enfrentar cargos penales por desobediencia.

La resolución del titular del Juzgado Civil y Comercial de la V Nominación, Pedro Cagna, representa el tercer revés consecutivo para la referente de La Libertad Avanza en esta compulsa. A pesar de los intentos de la defensa de Soledad Molinuevo por trasladar la causa al fuero federal y sus alegatos de censura previa, la Justicia provincial ratificó su competencia. El magistrado fue tajante al advertir que, de persistir el incumplimiento, se aplicarán sanciones conminatorias por cada día de demora y se remitirán los antecedentes al fuero penal.

Un conflicto que escala hacia la desobediencia judicial

El origen del pleito se remonta al 15 de marzo, cuando Osvaldo Jaldo, representado por la abogada Paula Morales Soria, logró una medida autosatisfactiva para frenar una serie de publicaciones en redes sociales. En dichos posteos, la diputada vinculaba al mandatario con "prácticas mafiosas" y lo responsabilizaba por su seguridad personal tras la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli a manos de Marcelo "Pichón" Segura en La Madrid. Para la Justicia, estas acusaciones exceden la inmunidad de opinión y lesionan la investidura del jefe del Poder Ejecutivo.

Pese a que el juez Pedro Cagna ya había rechazado los planteos de revocatoria de la defensa, patrocinada por José Ricardo Tomás Paz, los mensajes de la legisladora libertaria permanecen activos en sus perfiles digitales. Ante esta situación, la querella denunció una actitud de desprecio hacia las órdenes judiciales, lo que motivó la intervención directa de la magistratura para forzar el cumplimiento de la sentencia original. La abogada del gobernador insistió en que no existe margen jurídico para eludir una orden de esta naturaleza.

Apercibimientos y sanciones: el límite de la Justicia

En su nuevo escrito, el juez Pedro Cagna hizo saber que el tiempo de las dilaciones se terminó. El fallo alude explícitamente a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, dejando la puerta abierta a la aplicación de astreintes o multas diarias que podrían afectar el patrimonio de la funcionaria. "Intímese a la parte demandada a dar cumplimiento en el término de 48 horas (...), bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que por derecho correspondan por desobediencia de una orden judicial", reza el documento oficial.

La estrategia de Soledad Molinuevo de acudir a la Justicia Federal para solicitar una inhibitoria todavía no ha logrado frenar la ejecución en el fuero ordinario. Mientras la tensión política aumenta, el reloj comenzó a correr para la legisladora, quien ahora debe decidir si acata la orden o se arriesga a una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Este caso marca un precedente clave sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos en el entorno digital y el alcance del control judicial sobre las redes sociales.