"No me van a callar": Molinuevo acató el fallo de la justicia, borró sus posteos y denunció "Censura Previa"
La diputada eliminó los posteos por orden judicial, pero denunció "censura" y advirtió que continuará la batalla en la Justicia.
La diputada nacional Soledad Molinuevo acató la orden judicial que la obligaba a eliminar publicaciones contra el gobernador Osvaldo Jaldo, pero lo hizo con un duro mensaje político que volvió a escalar el conflicto institucional en Tucumán.
"Cumplo con la Justicia, pero no me van a callar", expresó la legisladora en sus redes sociales, donde dejó en claro que su decisión responde únicamente a evitar sanciones penales y económicas.En su descargo, Molinuevo fue contundente y calificó la resolución como un ataque a la libertad de expresión.
"Estamos ante un claro caso de censura previa", sostuvo, y apuntó directamente contra el gobernador al señalar que "utiliza herramientas judiciales para silenciar a quienes pensamos distinto".
La diputada también remarcó que su acatamiento se realiza "bajo absoluta protesta" y que no implica ningún reconocimiento sobre la validez de la resolución.
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El fallo que desató la polémica
La medida fue dictada por el juez Pedro Cagna, quien le otorgó un plazo de 48 horas para borrar los posteos considerados agraviantes, bajo apercibimiento de multas y posibles denuncias penales por desobediencia.
Se trata del tercer revés judicial para la referente de La Libertad Avanza en esta causa, que se originó tras una serie de publicaciones en las que vinculaba al mandatario provincial con hechos graves y cuestionaba su accionar político.
Un conflicto que escala en lo político y judicial
El enfrentamiento entre Molinuevo y Jaldo tuvo su origen tras la agresión al diputado Federico Pelli, episodio que desató una fuerte disputa pública y derivó en la intervención judicial.
Desde la Justicia provincial sostuvieron que las expresiones de la legisladora exceden la inmunidad parlamentaria y afectan la investidura del gobernador, mientras que la defensa insiste en que se trata de opiniones amparadas por la libertad de expresión.
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La disputa sigue abierta
Lejos de cerrarse, el conflicto continuará en los tribunales. Molinuevo confirmó que ya presentó una apelación y adelantó que llevará el caso hasta las últimas instancias.
"Pueden ordenar borrar palabras de una pantalla, pero no van a borrar mi compromiso con la transparencia", afirmó, en un mensaje que deja en claro que la disputa entre la dirigencia política y la Justicia seguirá sumando capítulos.
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EL TUIT COMPLETO DE SOLEDAD MOLINUEVO
Soledad Molinuevo: CUMPLO CON LA "JUSTICIA", PERO NO ME VAN A CALLAR En el día de hoy me vi obligada a dar cumplimiento a una orden judicial dictada a pedido del Gobernador de la Provincia, que me impone eliminar expresiones que realicé en mis redes sociales en el contexto de la brutal agresión al Diputado Pelli, por parte de un empleado público provincial. Quiero decirle a la sociedad tucumana que he cumplido con esta orden exclusivamente para evitar el apercibimiento dispuesto, que incluye graves sanciones penales y económicas, pero lo he hecho BAJO ABSOLUTA PROTESTA. Estamos ante un claro caso de censura previa. Es profundamente preocupante ver cómo el máximo responsable del Poder Ejecutivo provincial utiliza herramientas judiciales para silenciar a quienes pensamos distinto y ejercemos nuestro rol de control. Este no es solo un ataque a mi persona; es un golpe a la libertad de expresión de todos los tucumanos. Cumplo, pero dejo expresa constancia de mi más enérgica protesta frente a una medida que avanza sobre la libertad de expresión, sobre el debate público y sobre el derecho de una diputada nacional a pronunciarse sobre hechos de indudable gravedad institucional. Cumplo, además, dejando absolutamente en claro que este acatamiento no implica reconocimiento alguno de la verdad, razonabilidad o constitucionalidad de la resolución dictada. Tampoco implica desistir de la apelación interpuesta, ni de las reservas constitucionales y federales ya formuladas, ni de todas las acciones que seguiré impulsando hasta las últimas consecuencias para obtener la revisión y revocación de esta medida. Me veo obligada a cumplir una orden que considero lesiva de derechos fundamentales, dictada en un contexto especialmente sensible, donde lo que está en juego no es solamente mi situación personal, sino algo mucho más grave: el intento de disciplinar, amedrentar y silenciar a quien ejerce la representación política y expresa públicamente críticas frente al poder. Cuando un gobernador recurre a la Justicia para obtener el silenciamiento de una diputada por sus manifestaciones públicas, no estamos frente a un simple conflicto entre particulares. Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional, porque lo que se intenta condicionar no es sólo una voz, sino el propio funcionamiento de la democracia y el derecho de la sociedad a escuchar opiniones críticas sobre quienes gobiernan. Cumplir una orden judicial injusta no significa bajar los brazos. Mi recurso de apelación está en marcha. Confío en que las instancias superiores pondrán un freno a este atropello institucional. Pueden ordenar borrar algunas palabras de una pantalla, pero jamás van a borrar mi compromiso innegociable con la transparencia y con la defensa de nuestra provincia. VLLC!!
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