La resolución del juez subrogante Lucas Taboada que prohíbe a los periodistas, productores y conductores del grupo CCC emitir críticas hacia fiscales, jueces o al sistema judicial provincial no es solo un fallo contra una empresa: es un golpe directo a la libertad de expresión en Tucumán. Es un bozal judicial que, bajo la apariencia de una medida puntual, se extiende a todos los medios y periodistas de la provincia. En otras palabras, lo que Taboada dispuso no es una sanción, es censura previa, una figura expresamente prohibida por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país suscribe.

El juez, con su decisión, desconoce principios elementales del derecho constitucional. Ningún poder del Estado puede condicionar de antemano lo que los ciudadanos, y menos aún los periodistas, pueden decir o publicar. Las responsabilidades por eventuales excesos deben evaluarse después de la publicación, nunca antes. Pretender lo contrario es retroceder a tiempos donde la libertad de prensa dependía del humor del poder. Por eso, ante semejante desconocimiento de las bases de nuestro sistema republicano, no queda más que decirlo con claridad: el juez Taboada debería rendir nuevamente la materia "Constitucional", porque su fallo demuestra una alarmante ignorancia sobre los límites del poder judicial y los derechos fundamentales que la Constitución protege.

Hacer periodismo en Tucumán ya es una tarea difícil. La pauta oficial representa más del 70% de la torta publicitaria, y eso condiciona la independencia de los medios. En este escenario, los periodistas que se animan a investigar, denunciar y cuestionar al poder lo hacen con recursos limitados y, muchas veces, a riesgo personal. Sin embargo, gracias a ese periodismo valiente, la sociedad tucumana conoció hechos que de otro modo habrían permanecido ocultos: las declaraciones juradas del exgobernador y actual senador Juan Manzur, los decretos de fondos no reintegrables distribuidos discrecionalmente, los audios del presidente de la Corte Daniel Leiva presionando al juez Enrique Pedicone, las presuntas irregularidades en la Caja Popular de Ahorros, y las causas de Paulina Lebbos, Pamela Laime y Paola Tacacho, que solo se mantuvieron vivas gracias a la cobertura de los medios locales. Sin esa tarea, Tucumán sería un territorio de sombras.

El fallo de Taboada, por tanto, no solo atenta contra un grupo mediático: atenta contra el derecho de los tucumanos a estar informados. La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, es un derecho de todos los ciudadanos a recibir información y a formar su propia opinión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara al respecto: las expresiones referidas a asuntos de interés público gozan de una protección reforzada porque son esenciales para el control democrático. Limitar esa libertad es debilitar la república.

El periodismo no es el enemigo del poder, es su contrapoder. Como decía Silvia Rolandi, "el periodismo no es el cuarto poder, es el contrapoder que controla a los poderosos". Y ese control se ejerce con preguntas, con investigación, con crítica. Si a los funcionarios públicos no les gusta ser cuestionados, que renuncien, que vuelvan a la vida privada. Pero mientras ocupen cargos sostenidos con el dinero de todos, deben aceptar la mirada incómoda del periodismo y de la ciudadanía.

El bozal impuesto por Taboada no es para uno, es para todos. Es un intento de domesticar la palabra, de amordazar la crítica, de someter la verdad al miedo. Pero la libertad no se negocia ni se mendiga: se ejerce. Por eso, frente a este atropello, la única respuesta posible es seguir hablando, seguir investigando, seguir escribiendo.

Porque el silencio no es neutral: el silencio es complicidad. Y en Tucumán, donde el oscurantismo ha sido muchas veces la regla, callar sería traicionar la esencia misma del periodismo.

Por José Romero Silva