En una Cámara Alta marcada por enfrentamientos políticos, oficialismo y oposición encontraron un punto en común: la necesidad de tratar con extrema cautela la situación judicial que enfrenta Argentina por el caso YPF en Estados Unidos. El jueves pasado, en plena sesión, se suspendió el tratamiento del tema para evitar exponer públicamente declaraciones que podrían perjudicar la estrategia legal del país ante la jueza Loretta Preska.

El motivo es claro: están en juego más de 16.000 millones de dólares por la demanda del fondo Burford Capital contra el Estado argentino. La posibilidad de que legisladores hicieran declaraciones "descontroladas" en un recinto transmitido en vivo fue suficiente para que se decidiera posponer el debate y, eventualmente, trasladarlo a una sesión secreta.

Filtraciones bajo la lupa

El contexto se volvió aún más delicado tras las denuncias del Gobierno sobre posibles filtraciones de información confidencial por parte de empleados públicos vinculados a la Procuración del Tesoro. Según trascendió, la sospecha es que datos internos habrían llegado a manos del fondo litigante.

Por eso, la UCR presentó una moción para convocar "a la mayor brevedad posible" a funcionarios del Ministerio de Economía, la Procuración y la propia empresa YPF S.A., para que informen en detalle sobre los pasos legales y administrativos previstos. La sesión sería de carácter reservado, sin transmisión pública ni medios presentes.

Postergación táctica y documento en construcción

El senador radical Eduardo Vischi pidió levantar la sesión del jueves y coordinar un texto consensuado que unifique posiciones en defensa del Estado argentino. "Hay unanimidad para defender los derechos del país, pero necesitamos un documento específico y contundente", expresó.

Por su parte, el kirchnerismo también apoyó la decisión a través del senador Oscar Parrilli, quien sostuvo: "Más allá de las diferencias políticas, YPF debe ser un punto de unión. No es cualquier empresa, es la joya de la abuela".

El oficialismo, la UCR y el Frente de Todos coincidieron en que el tratamiento del tema YPF debe hacerse "de forma quirúrgica" y con responsabilidad institucional, a fin de no entorpecer el proceso judicial internacional.