El Gobierno asegura que Pablo Marcelo Otero, conocido como "el Señor del Tabaco" y propietario de Tabacalera Sarandí, acumula una deuda con el fisco por $419.398 millones. El monto corresponde al impuesto mínimo al tabaco no abonado entre agosto de 2018 y junio de 2024, más intereses.

Según ARCA (ex-AFIP), Otero nunca pagó este tributo gracias a medidas cautelares, y se benefició ampliando su participación en el mercado: pasó de tener el 5% al 30%. Ahora, la Corte Suprema quedó en condiciones de definir si el empresario debe devolver ese dinero al Estado.

Pese a la derogación reciente del artículo que establecía ese impuesto, desde el Gobierno insisten en que la deuda se generó mientras el gravamen estaba vigente. Estiman que, convertida a dólares, podría superar los USD 450 millones.

Sarandí bajo sospecha: nuevas acusaciones por lavado

Mientras tanto, ARCA prepara una nueva denuncia por lavado de dinero, luego de que el fiscal Eduardo Taiano desestimara una causa previa vinculada a proveedores mayoristas sin solvencia.

Entre 2021 y 2023, Tabacalera Sarandí recibió más de $33.600 millones de 23 distribuidoras que, según el organismo, no pueden justificar el origen de los fondos ni cuentan con respaldo operativo ni fiscal. Para el Gobierno, Otero sería el dueño encubierto de estas firmas, y la operatoria buscaba simular ventas y lavar dinero.

Algunas de las irregularidades detectadas:

• Los pagos eran en efectivo o por depósitos en cuentas recaudadoras, dificultando la trazabilidad.

• Las ventas se hacían a consumidores no identificados, con facturación tipo B.

• Las mayoristas tenían rentabilidad marginal y escasa o nula actividad bancaria.

Tabacalera Sarandí negó cualquier delito y sostuvo que "no hay hechos determinados" ni pruebas suficientes. Además, defendió la operatoria alegando que el sector trabaja comúnmente con dinero en efectivo.

La postura de Otero y la defensa empresarial

Desde la compañía sostienen que no existe deuda firme hasta que la Corte Suprema falle en contra. "Pagamos los impuestos que correspondían", aseguraron. También señalaron que con la Ley Bases, todas las empresas del sector comenzaron a tributar de igual forma.

Respecto a la denuncia por lavado, la firma defendió que las ventas existieron y fueron legales, y calificó como infundadas las sospechas sobre sus clientes mayoristas. Advirtieron además que no se cuestionó la materialidad de las operaciones ni hubo acusaciones con respaldo judicial sólido.