Tras casi veinte años de uso y abuso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la oposición en el Senado busca avanzar este jueves con un dictamen que modifica la ley vigente. La iniciativa representa un cambio radical en las reglas de juego, ya que pasaría de un sistema flexible a uno mucho más restrictivo, con impacto no solo en la gestión de Javier Milei sino también en los futuros gobiernos.

Qué plantea el nuevo dictamen

El proyecto establece que cada DNU tendrá un plazo máximo de 90 días para ser aprobado por ambas Cámaras. Hoy, mientras no haya un rechazo expreso, los decretos siguen en pie. Con la nueva norma, bastaría con que una sola Cámara vote en contra para que caigan automáticamente. Además, se limitaría el alcance de los textos: cada decreto deberá enfocarse en un área específica, evitando la mezcla de temas en un mismo instrumento.

Argumentos de los senadores

Los bloques del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente sostienen que la actual Ley 26.122 genera una "aprobación tácita" que debilita el rol de control del Congreso y favorece el desequilibrio de poderes. Según el dictamen, el silencio parlamentario habilita la vigencia indefinida de normas que, en muchos casos, terminan en judicialización y fallos contradictorios.

Un escenario político complejo

La oposición intentó avanzar en la última sesión, pero prefirió esperar para evitar un choque mayor con el oficialismo. Si la reforma obtiene media sanción en el Senado, deberá pasar a Diputados, donde el Gobierno ya adelantó que recurrirá al veto presidencial en caso de aprobación. Para revertirlo, la oposición necesitaría los dos tercios en ambas Cámaras antes del recambio legislativo de diciembre.

Desde el oficialismo advierten que un esquema tan estricto podría convertirse en un problema serio para cualquier administración: "Si un gobierno arranca con varios DNU, se vería obligado a convocar al Congreso incluso en pleno verano para que no se caigan las medidas", alertaron desde Casa Rosada.