Rossana Chahla, intendente de San Miguel de Tucumán, habló en puertas de Casa de Gobierno tras el acto de la Policía de Tucumán, en el cual se desarrolló la Jura y Nombramiento del Personal Transitorio Policial: "Acompañamos al gobernador con las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, junto al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, venimos trabajando en los distintos barrios que nos piden. Logramos consensuar cuáles eran los lugares que mayores delitos tenían para ayudar a la gente que nos pedían presencia", comenzó.

"Felicito al ministro de Seguridad, al jefe de Policía y al gobernador que nos dio una política pública integral. Trabajamos en conjunto con los ministerios y la Justicia, más de la mitad de los delitos se producen en San Miguel de Tucumán", analizó la intendente sobre el trabajo de Municipalidad y Gobierno.

En el Municipio estamos recibiendo 300 cámaras más para que funcionen en la ciudad, todo es una sumatoria de esfuerzos. El trabajo con la Justicia y MPF es fundamental

Fraude financiero en el municipio

Sucede que en 2024, la intendente de San Miguel de Tucumán recibió una notificación por parte del ministro de Economía, Daniel Abad, sobre una deuda del municipio de $500 millones por asistencias financieras reintegrables de 2020. En los registros oficiales solo se asentó un compromiso por $125 millones, esto provocó investigaciones: "Desde lo institucional hicimos lo correcto, ahora la denuncia la tiene la Justicia", comenzó Rossana Chahla.

"Recibimos una nota del ministro de Economía, Daniel Abad, durante el año pasado solicitando un reintegro de un pago de una deuda que tenía el municipio con la provincia. El reclamo es por cierta cantidad de dinero y no había coincidencia con las cuentas nuestras, mandamos a la Justicia a que investigue", continuó.

"En ese contexto tuvimos una reunión de gabinete, esto no es personal, se tratan de temas institucionales. No hay ningún tipo de chicana política, encontramos algunas inconsistencias y las mandamos a investigar", explicó por último.

La administración de la actual intendente, Rossana Chahla, denunció penalmente que no fueron asentados en los registros oficiales durante la gestión de Germán Alfaro, un total de $500 millones que en 2020 representaban unos U$S4 millones.