La brutal golpiza por parte de encapuchados armados y con escudos, bien predispuestos para agredir a mujeres y patear en el piso a varones (la mayoría delegados gremiales y autoridades de la Asociación Bancaria), se dio en vísperas de una fecha significativa. El martes próximo se cumple el décimo segundo aniversario de la huelga policial de 2013. Esa que convirtió a Tucumán en una zona liberada para los saqueos, con los vecinos parapetados en piquetes en las esquinas de sus cuadras o armados en las terrazas de sus casas, y más de una decena de muertos en las calles de la provincia.

Lo vivido durante aquellos días configura un síndrome de estrés postraumático para generaciones de contemporáneos. Supermercados de grandes cadenas, así como autoservicios que eran emprendimientos de familias de origen chino, fueron asolados. Ni distribuidoras de lácteos ni pinturerías se salvaron de los robos en banda. En reclamo de una mejora salarial, la Policía de Tucumán declaró un paro. Los patrulleros que recorrían las calles lo hacían sólo para "apretar" a los uniformados que estuvieran prestando servicios y llevárselos compulsivamente a los sitios de acuartelamiento. Durante dos días la provincia fue una zona liberada. Una territorio librado a su suerte... que nunca fue mucha. El gobernador y sus ministros hicieron abandono de la Casa de Gobierno. Lo único parecido a "la autoridad", buscando alguna salida a esas horas de sangre y fuego en las calles, era el clero católico. Si no fuera por la arquitectura de la ciudad, bien podría haber sido una reconstrucción, a escala, de la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 DC.

Economía de poder

Lo revelador vino después. El 11 de diciembre de 2013, una multitud de tucumanos copó la plaza Independencia para repudiar la canallada de la Policía y la cobardía de los gobernantes. Entonces los uniformados, que se cruzaron de brazos cuando Tucumán había cancelado el Estado de Derecho y había retornado al salvaje Estado de Naturaleza, reprimió con dureza a los ciudadanos. Ahora los golpeadores eran los mismos que habían permitido que a sus vecinos les pegaran los delincuentes. Para los ladrones, nada. Para las víctimas, palos, gases y balas de goma.

No fue una locura. El mal trámite que se da a la violencia es divorciarla de su condición estructural y reducirla, simplemente, a "cosa de locos". Pero, como enseña el filósofo eloveno Slavoj Žižek en "Sobre la violencia: seis reflexiones marginales" (Paidós, 2009), la violencia de los sujetos, la violencia subjetiva, se alimenta de una violencia simbólica, que es a menudo la violencia discursiva. Y esta tiene como una sustrato una violencia objetiva: la del sistema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la violencia es institucional? Lo describió Michel Foucault en "Vigilar y castigar" (Siglo Veintiuno Editores, 2008). Luego de describir la tortura pública a la que es sometido un condenado por "regicidio", el filósofo francés puntualiza que en la violencia del Estado no hay irracionalidad, sino lo contrario: hay "toda una economía de poder". "Escarmentar" a uno disciplina a millones.

Pedagogía del tormento

Esta pedagogía del horror demoró apenas un trimestre en confirmarse. En marzo de 2014, la Policía ahora "bien pagada" por las autoridades (esas que sólo van a Casa de Gobierno cuando tienen custodia), luego de la huelga que les costó tantas vidas y fortunas a los tucumanos, pasó a moler a palos, otra vez, a trabajadores del sector bancario. Así como los golpeados salvajemente el viernes pasado en Concepción acudían a la sede del Banco Patagonia como consecuencia de las denuncias de presunto hostigamiento laboral, los apaleados de 2014 también defendían fuentes de trabajo.

Hace 11 años, una treintena de trabajadores de la Caja Popular de Ahorros fueron dejados en la calle por el gobierno peronista, entonces a cargo de José Alperovich. Por cierto, no era una treintena de personas sin empleo, sino una treintena de familias que se quedaban sin su principal ingreso. La cesantía masiva fue un acto de estricta persecución ideológica en tiempos de la fallida democracia de Tucumán. En tiempos del estado de excepción provincial, esa instancia de ruina institucional en que las normas se encontraban vigentes pero no se aplicaban. La provincia no era ninguna Cuna de la Independencia: se había convertido en tierra de nadie a medio camino del derecho y la anomia.

Era, sin más, un gran lugar para organizar saqueos. Pero era el peor de los territorios para ejercer el derecho constitucional a la protesta. Sobre todo si es para defender el derecho a trabajar, consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esta norma es el legado superviviente de la Constitución Nacional de 1949, en la reforma impulsada por Juan Domingo Perón.

Al servicio de encubrir

Dado que, como reza el principio legal, "quien puede lo más, puede lo menos", los abusos de la Policía de Tucumán, durante la fallida democracia local, no sólo estuvieron dirigidos contra muchedumbres: también tuvo víctimas individuales. Porque esta es la Policía cuyos integrantes encubrieron el atroz crimen perpetrado contra Paulina Lebbos. Dicho esto, por cierto, en la sentencia de la Sala III de la Cámara Penal en 2019, confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2021, que encontró culpables del ocultamiento de ese asesinato a agentes rasos, comisarios y jefes de unidades regionales. Hasta llegar, inclusive, a dar por probada la connivencia de un secretario de Seguridad de la Provincia. Luego sería condenado, también, el fiscal penal cuya instrucción de la causa arrojó, como resultado, que no haya un imputado por ese crimen todavía impune.

Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006. Cuando su cuerpo sin vida apareció el 11 de marzo de 2006, los agentes le avisaron de ese suceso al primer fiscal de la causa cuatro horas después. En el acta se anotó que el hallazgo se produjo tras un rastrillaje sin precedentes. La verdad es que la Policía nunca encontró nada: con el cadáver dieron, en realidad, dos baquianos. Paulina, sin vida, fue movida. El lugar del hecho, desbaratado. Las primeras fotos, escondidas. La escena, cambiada. Las actas, adulteradas. Las firmas, falsificadas. Los testigos, amenazados. Incluyendo a los dos baquianos que dieron con el cadáver. Todo esto fue informado por Gendarmería y la Policía Federal.

El saldo es probablemente injusto con una multitud de agentes que honran el lema de la Escuela de Cadetes: "Entrar para aprender, salir para servir". Sin embargo, no son pocos los que están al servicio de los poderosos y que sólo han aprendido a ser impiadosos con los débiles.

Desmantelamiento democrático

Que tanta Policía de Tucumán esté abocada a reprimir salvajemente a quienes ejercen el derecho a la protesta no sólo opera como una "economía de poder". Es, también, una consecuencia del retroceso democrático. Para que se entienda: el derecho a la protesta se considera consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional como una de las dimensiones de la libertad de expresión. Esa misma que se encuentra en estado de coma, y con pronóstico reservado en Tucumán.

Pese a que la garantía de publicar las ideas sin censura se encuentra establecida en ese mismo artículo de la Carta Magna Nacional, y que se encuentra ampliamente desarrollada y consagrada en el artículo 31 de la Constitución de Tucumán, aquí en Tucumán no se aplica. El estado de excepción en Tucumán es el primogénito el desmantelamiento democrático.

Aquí, un juez (uno de carácter subrogante, porque la calidad institucional local está atada con alambre desde hace más de dos décadas) ha dispuesto que ningún programa que se transmita por la empresa de cable CCC, ni ninguno de sus periodistas, productores ni conductores televisivos, pueden difundir contenidos que "tergiverse o distorsione", de manera "directa o indirecta" tareas de empleados judiciales, fiscales y jueces y, "en general" de la Justicia provincial. La apelación de esta medida "mordaza" fue rechaza "in limine" por el Tribunal de Impugnación, que se abrazó a un tecnicismo formal para no tener que pronunciarse respecto de una cuestión incuestionable: en contra de dos Constituciones vigentes, que la elevan a la categoría de ser una "libertad preferida" a la garantía de la libertad de expresión, aquí, la están linchando públicamente.

Luego, resulta patológicamente lógico que si hay jueces dispuestos a reprimir la libertad de publicar sin censura previa, también haya policías convencidos de que hay que golpear mujeres que reclaman derechos laborales, mientras que a los trabajadores se los patea en el piso. Y entre varios...

Se la llevan en carretilla

La democracia es multidimensional. No hay consenso en torno de una sola definición, pero sí lo hay respecto de los principios que la vertebran. Sus dimensiones, entonces, dan cuenta de una democracia electoral (debe haber elecciones libres, limpias y competitivas) y, por ende, una democracia mayoritaria (deben gobernar los que más votos consiguieron). Pero hay también una democracia consensual (la articulación de intereses), democracia deliberativa (también se deben atender los disensos) y una democracia participativa (el bien común debe ser un resultado permanente). Y, fundamentalmente, hay una dimensión que se encarga de clarificar que el que tiene los votos tiene el poder, pero no necesariamente tiene la razón. Esa es la democracia liberal. La que establece férreos mecanismos de división de poderes, y de control y rendición de cuentas de las autoridades. Esa dimensión consagra la libertad de prensa como una herramienta no del periodismo, sino de los ciudadanos. Y la refuerza con el acceso a la información pública. De esta última, en Tucumán, no hay ley. De la herramienta anterior hay normas vigentes, pero no se aplican.

La democracia, estudiada como un fenómeno multidimensional, también debe ser entendida como un sistema: cuando una o varias de sus dimensiones comienzan a deficitar, el conjunto de la democracia comienza a retroceder. Se comprende mejor de la mano de Žižek. En el libro ya citado relata la historia de un obrero de la construcción sospechoso de robar herramientas en el trabajo. Cada tarde, cuando deja la obra, los vigilantes se encargan de inspeccionar cuidadosamente la carretilla que él empuja. El resultado es siempre el mismo: no encuentran nada en ella. Tiempo después se descubrirá lo que realmente ocurría: lo que el empleado robaba eran carretillas.

Sin libertad de expresión robusta y plena, es la democracia a la que se la están llevando. De a poco. Disimuladamente. Pero sobre ruedas