El Gobierno nacional oficializó la aceptación de la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, acusado de favorecer a narcotraficantes y participar en maniobras de corrupción en Rosario. La salida del magistrado, envuelto en graves denuncias, se formalizó este martes mediante el Decreto 443/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Bailaque estaba al borde de enfrentar un juicio político impulsado por el Consejo de la Magistratura. La decisión de renunciar fue interpretada por diversos sectores como una estrategia para evitar el proceso de enjuiciamiento. Sin embargo, desde el Gobierno remarcaron que su dimisión implica la pérdida de fueros y que la causa judicial en su contra continuará su curso.

Las graves acusaciones contra el exjuez

Bailaque fue imputado por delitos como extorsión, concusión, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Desde el Ministerio de Justicia informaron que actualmente tiene prisión preventiva dictada por el Juzgado N°4 de Rosario, medida que ya fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, no descartó que el exmagistrado pierda el derecho a percibir una jubilación de privilegio. "No hay intocables. Estamos llevando adelante una reforma profunda de la Justicia. Si es hallado culpable, no gozará de ningún beneficio", advirtió.

Las causas que lo comprometen

Entre los hechos más relevantes que motivaron la investigación, figura su vinculación con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. Pese a los lazos evidentes entre su juzgado y el entorno del narco -incluso uno de sus empleados era hijo del contador de Alvarado-, Bailaque no se excusó de intervenir en la causa y bloqueó pruebas clave.

Otra denuncia lo involucra en una presunta extorsión al empresario Claudio Iglesias, junto al financista Fernando Whpei (íntimo del juez) y el exjefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, quien declaró como arrepentido. Habrían armado una causa falsa para exigir una coima de 200 mil dólares a cambio del archivo judicial.

El tercer episodio cuestionado refiere al desvío de fondos de una cooperativa judicialmente intervenida, que habrían terminado en una mutual ligada al mismo Whpei. A pesar de los vínculos, Bailaque no se apartó del expediente.

Críticas por permitir su salida antes del jury

Diversas organizaciones civiles, como la ACIJ y el INECIP, habían solicitado al presidente Milei que no aceptara la renuncia, para permitir que avance el juicio político. Advirtieron que "uno de cada tres juicios políticos se frustra por la aceptación anticipada de la renuncia" y denunciaron que esto se convirtió en un mecanismo institucional de impunidad.

"La renuncia de Bailaque no es solo un caso individual, sino parte de una estructura que permite eludir la rendición de cuentas", señalaron.

Pese a la decisión presidencial, desde el Gobierno aseguran que el proceso penal seguirá y que el Estado mantendrá su compromiso con "la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional".