La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes centrales del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, encendió alertas entre consultoras privadas y actores sindicales por su impacto fiscal y previsional. 

Según estimaciones privadas, la reasignación del 3% de los aportes patronales para financiar este esquema implicaría un costo anual para el Estado de entre u$s2.000 y u$s2.500 millones.

El proyecto de "Ley de Modernización Laboral", enviado al Congreso la semana pasada, establece que el FAL se financiará con el desvío del 3% del aporte obligatorio de los empleadores, monto que dejaría de ingresar al sistema de seguridad social. Si bien el Gobierno sostiene que el fondo no tendrá costos directos ni para trabajadores ni para empresas, los números muestran un impacto significativo sobre las cuentas públicas.

Un informe de Empiria Consultores advierte que el esquema generaría un faltante cercano a los $330.000 millones mensuales, lo que equivale a aproximadamente 0,5% del PBI anual. En términos anuales, el costo fiscal representa entre 0,30% y 0,38% del producto bruto interno, es decir, entre una cuarta y una quinta parte del superávit primario que el propio Gobierno proyecta para 2026.

Desfinanciamiento previsional y dudas internas

El principal cuestionamiento gira en torno al desfinanciamiento del sistema previsional, ya que los aportes patronales que hoy sostienen jubilaciones y otras prestaciones pasarían a un fondo específico para cubrir indemnizaciones por despido. "No queda claro cómo el sistema previsional va a cubrir este agujero", señala Empiria en su análisis.

Fuentes oficiales reconocen que hubo debates internos sobre la conveniencia del esquema. Sin embargo, se impuso la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostiene que estos fondos permitirán desarrollar el mercado de capitales local -actualmente de tamaño reducido- y que el impacto fiscal sería compensado con la creación de nuevos puestos de trabajo formales.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

Según el proyecto, el FAL estará compuesto por instrumentos financieros a nombre de las empresas, creados exclusivamente para atender indemnizaciones por despido. Estos fondos serán administrados por sociedades reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Gobierno prevé avanzar con la reglamentación en los próximos diez días.

El esquema apunta a reducir la incertidumbre asociada a los costos de despido y, en consecuencia, incentivar la contratación formal. Sin embargo, el debate legislativo expone fuertes diferencias sobre su alcance, su financiamiento y sus efectos reales sobre el empleo.

Un mercado laboral deteriorado

Empiria contextualiza la reforma en un mercado laboral que no logra generar empleo privado formal desde 2011. Según la consultora, Argentina cuenta actualmente con 21 millones de trabajadores, de los cuales solo 6,3 millones son asalariados privados formales, lo que representa el 29% del total.

El resto se distribuye entre 3,4 millones de asalariados públicos (16%), 5,7 millones de asalariados informales (27%) y 5,8 millones de cuentapropistas (27%), entre los que se incluyen monotributistas, autónomos y trabajadores informales.

La evolución de la última década muestra un deterioro sostenido de la calidad del empleo: desde 2012, los puestos privados en blanco crecieron apenas 3%, mientras que el trabajo informal aumentó 22% y el cuentapropismo 49%. Para la consultora, esto demuestra que bajo la actual rigidez normativa la variable de ajuste no fue la cantidad de empleo, sino los salarios y la calidad de las condiciones laborales.

Litigiosidad y cargas laborales

Otro de los puntos del proyecto apunta a reducir la litigiosidad laboral. La iniciativa propone fijar un límite a la actualización de los juicios laborales -inflación más 3 puntos anuales- y prohíbe el devengamiento de intereses sobre intereses. El objetivo es disminuir la imprevisibilidad de las indemnizaciones, uno de los factores que, según el Gobierno, desalienta la contratación formal.

En el caso de los accidentes laborales, Empiria señala que, aunque los accidentes efectivos vienen cayendo desde 2010, los juicios volvieron a crecer desde 2022 y ya superan los 300.000 expedientes sin resolver. Uno de cada cuatro juicios iniciados en el último año corresponde a PyMEs.

A esto se suma el nivel de cargas laborales: en Argentina, aportes y contribuciones representan cerca del 35% del salario, más del doble que en Estados Unidos (15%) y cinco veces más que en Chile (7%).

Las objeciones de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un fuerte rechazo al Fondo de Asistencia Laboral. Según la central sindical, el esquema impone nuevas obligaciones a los empleadores y afecta directamente el financiamiento del sistema previsional.

Entre los principales cuestionamientos, la CGT señala que cada empresa deberá abrir una cuenta específica y obligatoria en fondos autorizados por la CNV, y que los recursos acumulados serán inembargables. Esto implica que, ante un conflicto, los trabajadores no podrán ejecutar esos fondos para garantizar el cobro de la indemnización.

Además, el mecanismo solo alcanzará a empleados registrados con más de 12 meses de antigüedad y comenzará a responder por despidos recién después de acumular seis aportes mensuales, dejando sin cobertura a amplios sectores del mercado laboral, especialmente a los trabajadores informales.

Mientras el oficialismo defiende el FAL como una herramienta para modernizar el sistema laboral y reducir costos, el debate en el Congreso deja en evidencia una tensión central: el intento de flexibilizar el mercado de trabajo sin afectar el equilibrio fiscal, en un contexto de fragilidad previsional y alto nivel de informalidad.