El Gobierno y la CGT se encaminan a una negociación contrarreloj para intentar un consenso sobre la reforma laboral diseñada por el Consejo de Mayo, que hoy enfrenta un fuerte rechazo del sindicalismo. El 15 de diciembre se conocerá la versión final del proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Fuentes oficiales confirmaron que la negociación será pilotada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario Eduardo "Lule" Menem, todos actores con línea directa con la Casa Rosada.

En la reciente conferencia de la UIA, Santilli insistió ante los dirigentes Cristian Jerónimo y Jorge Sola en que habría una convocatoria formal y pidió no guiarse por trascendidos. La CGT, por su parte, espera ese llamado y ya trabaja en una contrapropuesta junto a su equipo legal y diputados sindicales.
Sola advirtió días atrás: "Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre".

Los puntos más conflictivos y la estrategia de presión oficial

La central obrera buscará derribar los artículos que considera más amenazantes para el poder sindical: la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad, los convenios por empresa, las cuotas solidarias y las reglas para las asambleas.

En el Gobierno admiten que esos puntos, ligados al derecho colectivo, generan el rechazo más fuerte, mientras que otros cambios del derecho individual -como el banco de horas o el fraccionamiento de vacaciones- suelen negociarse en cada empresa.

La Casa Rosada reconoce que algunas disposiciones podrían atenuarse para preservar la "paz social", una postura que incluso comparte el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El peso político de las negociaciones se refleja en la participación activa de Martín y "Lule" Menem, ambos alineados con Karina Milei, quien concentra cada vez más poder en el esquema gubernamental.

El Gobierno llegará a la mesa de diálogo con un factor clave de presión: el respaldo de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y que, según el oficialismo, apoyan la reforma laboral y el Presupuesto 2026.

Para la CGT comienzan días determinantes: su objetivo será frenar la versión más dura de la reforma, aunque difícilmente termine avalando el proyecto de Javier Milei, aun con concesiones. Todo lo que ocurra en esta etapa quedará atravesado por el ala más combativa del gremialismo, que presiona para rechazar de plano la iniciativa y romper cualquier puente con el Gobierno.