La discusión por la reforma laboral volvió a encender alarmas en el Senado y sumó un nuevo foco de conflicto para el Gobierno nacional: la posible caída de fondos coparticipables para las provincias si avanza el dictamen impulsado por La Libertad Avanza. En ese escenario, varios aliados circunstanciales del oficialismo comenzaron a expresar reparos y advertencias sobre el costo político de la iniciativa.

En los últimos días, la preocupación se profundizó entre gobernadores y senadores que representan a distritos con fuerte dependencia de la coparticipación. El impacto fiscal aparece como un factor que podría condicionar seriamente el tratamiento del proyecto durante el período ordinario.

Malestar en el Senado y advertencias de las provincias

Desde sectores opositores y dialoguistas surgieron cuestionamientos directos al Gobierno. Algunos legisladores recordaron que ya habían rechazado la restitución del Impuesto a las Ganancias en el paquete fiscal del año pasado y ahora ven con recelo un nuevo ajuste que afectaría los ingresos provinciales.

En ese sentido, varios senadores advirtieron que una quita equivalente a uno o dos meses de salarios de la administración pública provincial sería imposible de compensar, incluso con Aportes del Tesoro Nacional. "El Senado representa a las provincias y este impacto no se puede ignorar", deslizó un legislador en reserva.

Del lado del oficialismo, en cambio, buscaron bajarle el tono a la polémica y señalaron que el impacto no sería igual en todos los distritos. Argumentaron que la situación varía según la estructura económica de cada provincia y la cantidad de contribuyentes alcanzados por Ganancias.

La coparticipación como moneda de cambio política

En el peronismo y en sectores dialoguistas creen que la Casa Rosada podría utilizar la quita de coparticipación como herramienta de negociación cuando se acerque la sesión clave. La estrategia, estiman, quedará en manos del Presidente y de los ministerios políticos y económicos, que ya mostraron pragmatismo en las negociaciones de las sesiones extraordinarias.

Mientras tanto, la conducción libertaria en el Senado anunció reuniones con empresarios, gremios y representantes de la oposición para intentar destrabar el debate. Sin embargo, varios aliados advirtieron que acelerar los tiempos sin acuerdos sólidos puede generar desgaste político y poner en riesgo el respaldo parlamentario.

Con la reforma laboral, la ley de glaciares y otros proyectos sensibles en agenda, el Gobierno enfrenta un escenario complejo: avanzar con cambios estructurales sin perder apoyos clave en el Congreso, en un contexto donde los recursos provinciales se convirtieron en el principal punto de presión.