La reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei dejó un escenario de ganadores y perdedores, y tensiones que marcarán el rumbo del resto de la gestión libertaria. Aunque el ala política del Ejecutivo logró suavizar algunos artículos que irritaban al sindicalismo, el análisis del proyecto completo deja a Federico Sturzenegger como uno de los grandes beneficiarios, al buscar desmontar gran parte de la protección histórica que tenían los sindicatos.

Frente a esto, la CGT decidió reaccionar: los líderes sindicales convocaron una movilización para el jueves 18 de diciembre, con el objetivo de reunir 150 mil personas en Plaza de Mayo y presionar al Gobierno y al Congreso.

"Aunque seguimos defendiendo el diálogo, hay intromisión del Estado en la libertad sindical y en la relación empleador-trabajador", señaló Gerardo Martínez (UOCRA), uno de los dirigentes que más ha defendido la negociación, pero que hoy adopta una postura más firme.

Puntos de conflicto y artículos polémicos

Uno de los artículos que más genera controversia es el 126, que establece que los empleadores solo podrán retener cuotas sindicales con conformidad expresa del trabajador y acuerdo mutuo. Hasta ahora, la ley vigente obligaba a los empleadores a actuar como agentes de retención de todos los aportes sindicales, garantizando así la recaudación de las cuotas.

Para la CGT, esta modificación amenaza la estabilidad financiera de los sindicatos y expone una contradicción del Gobierno: el proyecto reduce la obligatoriedad de retención de cuotas, pero no deroga la Ley 24.642, que establece un procedimiento de cobro obligatorio mediante juicio ejecutivo.

"La baja de un punto en las contribuciones patronales podría implicar 16.500 millones menos mensuales en el Fondo Solidario de Redistribución y 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las obras sociales sindicales", advierten desde la central obrera.

La contraofensiva del Gobierno y el futuro del conflicto

Frente a la movilización, el Gobierno analiza una contraofensiva que podría incluir restricciones en la distribución de fondos a obras sociales y medidas para limitar la influencia de los sindicatos en ciertas áreas.

Mientras tanto, la CGT no solo movilizará a sus bases, sino que también buscará hacer lobby con gobernadores y legisladores y preparar impugnaciones judiciales al proyecto. La relación entre el Ejecutivo y el sindicalismo se anticipa tensa, con un conflicto que promete extenderse y cuya resolución aún es incierta.

El escenario quedó planteado: ambas partes parecen condenadas a una confrontación con un final imprevisible. La reforma laboral de Milei no solo redefine reglas económicas, sino que también testea los límites del poder sindical en Argentina.