Reforma laboral: el Gobierno busca poner un tope de 10 sueldos a las indemnizaciones

El proyecto de Javier Milei propone limitar los pagos por despido, flexibilizar jornadas, modificar vacaciones y restringir el derecho a huelga. La CGT ya anticipó su rechazo.

El Gobierno Nacional avanza con una ambiciosa reforma laboral que busca "abaratar el costo de los despidos". Según el borrador al que accedió Clarín, la propuesta fija un límite máximo de 10 sueldos como tope para las indemnizaciones por despido sin causa, sin considerar la antigüedad del trabajador.

Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece una compensación de un sueldo por año trabajado, sin tope. Con la reforma, se propone reformular el artículo 245 para establecer que el resarcimiento "en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo por año trabajado, ni superior a diez".

Además, se excluye del cálculo el aguinaldo, los bonos y los adicionales, y se permitirá a las pymes pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas.

Vuelven los "tickets canasta" y se crean los "salarios dinámicos"

El texto también plantea el regreso de los beneficios sociales no remunerativos, como los tickets canasta, que no generarán aportes ni contribuciones a la seguridad social. Estos beneficios incluirán gastos en comidas, refrigerios o viáticos, que las empresas podrán abonar sin considerarlos salario.

Otro punto clave es la creación del "salario dinámico", un sistema que permitirá a las empresas otorgar aumentos por productividad o mérito individual. Según el borrador, estos incrementos serán variables y no estarán sujetos a la "continuidad tácita" ni a la "costumbre", lo que abre la puerta a una mayor flexibilidad salarial.

Desde la CGT alertaron que esta medida "habilita la negociación desigual entre empleadores y trabajadores sin participación sindical, generando salarios a la baja".

Cambios en vacaciones, jornadas y convenios

El proyecto también introduce modificaciones en la jornada laboral, permitiendo extender las horas diarias si se respeta un descanso mínimo de 12 horas, además de incorporar el "banco de horas", que habilita compensar horas extra con descansos.

En cuanto a las vacaciones, se propone permitir su fraccionamiento, siempre que cada tramo no sea menor a una semana, y habilitar acuerdos entre las partes para fijar fechas fuera del período legal (entre el 1° de octubre y el 30 de abril).

Otro punto sensible es la ultraactividad: una vez vencido un convenio colectivo, solo se mantendrán vigentes las normas sobre condiciones de trabajo hasta que se firme uno nuevo.

El borrador también impulsa que los convenios por empresa prevalezcan sobre los de actividad, priorizando los acuerdos individuales por encima de los marcos sectoriales.

Cuotas sindicales y derecho a huelga bajo revisión

Uno de los apartados más controvertidos propone que las cuotas sindicales solo puedan descontarse del salario con el consentimiento expreso del trabajador. Además, las contribuciones pactadas en los convenios colectivos serán válidas únicamente para los afiliados, eliminando los llamados "aportes compulsivos".

Por último, la reforma establece nuevas limitaciones al derecho a huelga. En los servicios considerados "esenciales", como salud, educación, energía y transporte, deberá garantizarse un 75% de cobertura. También crea la categoría de "servicios de importancia trascendental", donde la cobertura mínima será del 50%, abarcando desde el transporte y la banca hasta la producción de alimentos y los medios de comunicación.

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