El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional no solo redefine aspectos clave del mercado de trabajo, sino que también introduce modificaciones impositivas con impacto directo en las cuentas públicas. La combinación de menores cargas patronales y alivios fiscales genera un desafío central: sostener el superávit y cumplir las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre los puntos más relevantes, la iniciativa contempla una baja de las contribuciones patronales en distintos sectores. En Comercio y Servicios pasarían del 20,4% al 17,4%; en Industrias y Pymes del 18% al 15%; y en Obras Sociales del 6% al 5%. A esto se suma la reasignación de un 3% de las contribuciones que hoy financian al sistema previsional hacia un Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Distintas consultoras advirtieron que esta decisión mejora en el corto plazo los costos empresariales, pero implica una renuncia fiscal significativa. Además, alertaron sobre el impacto de mediano plazo en la sostenibilidad del sistema previsional, al reducir los recursos que ingresan al SIPA.

El costo fiscal de la reforma y el impacto en el superávit

Las estimaciones privadas coinciden en que el paquete de medidas tendría un costo fiscal cercano al 0,8% del Producto Bruto Interno. Ese número complica el objetivo del oficialismo, que proyecta para 2026 un superávit primario del 1,5% del PBI.

Según cálculos de la consultora Inveq, el impacto total del proyecto alcanzaría el 0,83% del PBI. Más de la mitad de ese esfuerzo se explica por la reducción de contribuciones patronales, mientras que el resto corresponde a incentivos tributarios, como la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas y la eliminación de impuestos internos.

Desde otros espacios técnicos señalaron que el efecto sobre el empleo podría ser limitado si la economía no logra una recuperación sostenida. En ese sentido, recordaron que experiencias previas de rebaja de costos laborales implicaron un alto costo fiscal, sin resultados contundentes en la creación de puestos de trabajo.

Exenciones impositivas y la presión del acuerdo con el FMI

La reforma laboral también incluye exenciones en impuestos clave. El proyecto libera del Impuesto a las Ganancias a los ingresos por alquiler de viviendas y a las operaciones financieras con bonos, acciones y otros instrumentos, además de eliminar impuestos internos en sectores como la telefonía celular, servicios, objetos suntuarios y entradas de cine.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal precisó que, de aprobarse la iniciativa, se eliminarían ocho impuestos nacionales y el total de tributos pasaría de 155 a 147.

Este escenario genera tensión con el FMI, que monitorea de cerca la evolución del resultado fiscal. El acuerdo vigente establece que la Argentina debe pasar de un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% en 2026. Si la reforma se aprueba sin cambios, el Gobierno deberá profundizar el ajuste del gasto o encontrar nuevas fuentes de recaudación para compensar la pérdida de ingresos.

En ese contexto, el debate legislativo será clave. Mientras el Ejecutivo apuesta a mejorar la competitividad y reducir costos para el sector privado, los cambios impositivos obligan a recalcular el equilibrio fiscal y elevan la presión sobre el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI.