El gobierno de Javier Milei cedió a la presión de la oposición y decidió eliminar el artículo 44 de la reforma laboral, que establecía distintos porcentajes de pago según el tipo de enfermedad.

Originalmente, el artículo fijaba un 75% del salario para enfermedades "involuntarias" -como cáncer, gripe o cirugías- y un 50% para enfermedades "voluntarias", asociadas a actividades de riesgo conocidas por el trabajador. La oposición consideró que esta distinción podía afectar derechos ya consolidados por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Con la eliminación del inciso, la reforma deberá volver al Senado, aunque se apruebe en Diputados, para que la Cámara Alta revise los cambios. El Gobierno confía en lograr la sanción final durante el período de sesiones extraordinarias.

La presión de PRO y otros bloques opositores

El bloque de Cristian Ritondo y representantes del PRO marcaron la línea: la reforma debía garantizar que los trabajadores mantengan el 100% del salario durante licencias médicas por enfermedades graves.

Criticaron dos puntos clave: la reducción de los plazos de licencia paga y la baja en el esquema de remuneración. Según fuentes del bloque, "la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos" y buscan una redacción que combine previsibilidad, control médico y protección laboral.

Además, el PRO insistió en que los trabajadores puedan cobrar su salario mediante billeteras virtuales, incorporando esta libertad en el artículo 35, que modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Cómo afecta esto el calendario legislativo

Este miércoles comenzará la discusión de la reforma laboral en plenario de comisiones de Diputados, donde el oficialismo espera firmar el dictamen para luego llevar el proyecto al recinto el jueves.

El objetivo del Gobierno es sancionar la ley antes del 1 de marzo, cuando se inauguran las sesiones ordinarias con el discurso del presidente Javier Milei. Sin embargo, la eliminación del artículo 44 altera la estrategia oficial, ya que el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión formal.

Desde el PRO aclararon que acompañarán la reforma, pero que cualquier cambio debe pasar por el canal institucional correspondiente. Aunque anticipan tensiones, consideran imprescindible garantizar que la ley sea clara, sin grises ni cuestiones centrales delegadas a reglamentaciones posteriores.