Por Martín Correa
(Convencional Constituyente en 2006 por el Partido Obrero)

El gobernador Jaldo anuncio el año pasado que existía la posibilidad de una nueva reforma de la Constitución de la provincia, una Constitución que fue reformada hace relativamente poco: este año se cumplen 20 años de esa Convención Constituyente. La convocatoria legislativa para aquella convención salió con el voto tanto de peronistas como de radicales

.La promesa de una Constitución para 100 años se diluyo rápidamente. Luego de aprobada y promulgada se fue judicializando de a pedazos y muchos capítulos fueron declarados nulos por la justicia. La rodearon de algunos reclamos democráticos de la población como el voto electrónico o la autonomía municipal, que, por supuesto nunca se cumplieron: la reforma no tenía ese propósito; simplemente pretendía -y lo consiguió- garantizar la reelección del gobernador y vice, legisladores, concejales, intendentes y delegados comunales, es decir, de todo el arco político gobernante.

Durante todo el debate estuvo rondando la idea de la que la reforma tenía por propósito mejorar la vida de los tucumanos, cosa que después de 20 años está claro que no sucedió. El llamado a distintos sectores a opinar sobre el tema fue solo para darle un halo relativamente progresista a la reforma. Las pocas sesiones de debate plenario que se realizaron daban cuenta de una reforma que ya estaba "cocinada" desde un comienzo. La derogación de la norma que habilitaba los sublemas, que había causado tremendos problemas en las elecciones provinciales anteriores, fue para habilitar un nuevo fraude contra el voto popular, una Constitución que permitía los acoples, donde los partidos del régimen imponen su aparato contra la voluntad popular.

Jaldo y su reforma

Cuando el gobernador lanzo en los medios de comunicación su intención reformista, no dijo claramente que es lo que pretende reformar, solo adelanta que el sistema de acoples no va mas y que para derogarlo se necesita una reforma. En sus declaraciones no indica exactamente como lo habría de suplir, es decir, cuál sería el nuevo formato. Esta claro que por ahora solo se trató de una maniobra demagógica para contentar a votantes hartos de cuartos oscuros con más de 100 boletas. No hay acá ningún interés democrático ni mucho menos, aquellos que se beneficiaron del sistema de acoples por años para salir electos -y que prometieron derogarlo-, no tienen autoridad para hablar de democracia.

Jaldo dijo también en su momento que ".... se necesita otro régimen electoral y mayor disciplina fiscal...". Una vez eliminados los acoples, con o sin reforma de Constitución, todavía se pueden incluir regímenes aún más prescriptivos, como la elección de legisladores por departamento o dividir la provincia en circunscripciones electorales que le permitirían a PJ quedarse con casi todos los legisladores. En Salta el gobernador Saenz quiere imponer una reforma de este tipo, que llevaría a la provincia casi a un régimen de partido único.

Entre las pocas precisiones que dio el gobierno provincial dice que vamos a un cambio en el régimen fiscal con la idea de ajustar para conseguir el "déficit cero", ni el mejor alumno de Milei lo podría plantear mejor. La idea de imponer el equilibrio de las cuentas fiscales en la Constitución será la excusa legal para ajustar más a los trabajadores, para pagar salarios (aún más) miserables a los estatales en el futuro, para suspender obrar públicas o privatizarlas, todo con el sambenito de que para conseguir el equilibrio es necesario ajustar, siempre los "equilibrios fiscales" son contra los trabajadores, nunca para poner impuestos a las grandes fortunas.

La urgencia de las necesidades de los tucumanos no va por el lado de una nueva Constitución, o en todo caso deberíamos preguntarnos que reforma queremos o necesitamos, esta claro que la de 2006 no solo fue un mamarracho jurídico, también fue una reforma ajustada a las necesidades del poder político y judicial. No se puede esperar ninguna reforma en favor de los trabajadores de parte de aquellos que se han sumado al salvaje ajuste del gobierno nacional.