La Cancillería ha tomado la decisión de eliminar un histórico privilegio que la política y los diplomáticos de la vieja guardia se autoconcedieron hace décadas: los sobresueldos en dólares para los delegados nacionales en diversas comisiones internacionales en las que participa el Ministerio.

Esta medida afectará principalmente a tres áreas: la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM), donde los delegados argentinos llegaron a percibir hasta más de US$ 8.000 en sueldos y viáticos, sin renunciar a sus salarios originales en pesos por sus responsabilidades habituales.

La canciller Diana Mondino estima que esta medida permitirá ahorrar hasta U$S 500.000 anuales. Además, la Cancillería se une al plan nacional de ajuste de empleados estatales sin tareas asignadas, con la expectativa de reducir hasta 100 contratos aproximadamente.

A partir del 1 de marzo de 2024, los delegados argentinos no recibirán ningún tipo de emolumento por sus funciones ante la CARP, según lo anunciado recientemente. Esta misma medida se aplicará a CARU y CTMFM.

Sin embargo, la implementación de esta medida enfrenta desafíos. Por ejemplo, el exjefe de gabinete del ex canciller Felipe Solá, Guillermo Justo Chaves, está reclamando pagos correspondientes a sus últimos meses como delegado en CARU. En el caso de CARP, el último delegado argentino fue el embajador Diego Tettamanti, quien hasta el momento no ha presentado ningún reclamo.

Uno de los problemas con estos sobresueldos es que no provenían de una fuente transparente, sino de los aportes de los estados a estas comisiones que se encargan de administrar los recursos naturales compartidos, lo que generaba una situación poco clara, especialmente cuando los delegados ya tenían otros salarios.

La Cancillería también está trabajando en un proyecto de decreto presidencial para reducir la cantidad de delegados en las comisiones al mínimo necesario, con el objetivo de evitar interferencias políticas en las designaciones y priorizar a los diplomáticos de carrera y técnicos especializados. Además, se reducirá la cantidad de asesores en la delegación argentina.

La medida ha generado controversia, pero el presidente de la CARP, el uruguayo Alem García, la considera acertada, argumentando que no es razonable que una misma persona acumule diversos sueldos del Estado. No está claro si el gobierno uruguayo tomará una medida similar a la de Argentina.