Federico Achával, intendente de Pilar desde diciembre de 2019, atraviesa uno de los momentos más tensos de su gestión. En las últimas semanas quedó bajo la lupa por la modificación de la Tasa de Derecho Ambiental, que aplica un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra realizada dentro del distrito, una medida que comerciantes y vecinos ya califican directamente como un "impuestazo".

La decisión generó un fuerte rechazo del sector comercial, críticas de economistas y hasta un cruce directo con el Gobierno nacional, que salió a cuestionar públicamente la política tributaria del municipio.

Del triunfo en 2019 a la reelección en 2023

Achával llegó a la intendencia impulsado por el kirchnerismo, con el aval de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. En 2019 derrotó al entonces intendente macrista Nicolás Ducoté y devolvió el control del distrito al peronismo en un territorio clave de la Primera sección electoral.

Consolidado como uno de los referentes del peronismo en la zona norte del conurbano bonaerense, logró la reelección en 2023. Mantiene una estrecha relación política con el gobernador Axel Kicillof y es mencionado dentro del oficialismo como uno de los intendentes con proyección a futuro. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de controversias.

Denuncias por presunta corrupción y licitaciones direccionadas

Uno de los episodios más delicados se produjo en marzo de 2023, cuando Elisa Carrió y el dirigente local Matías Yofe presentaron una denuncia penal por presuntas irregularidades en licitaciones, sobreprecios y contrataciones vinculadas a la Municipalidad de Pilar.

La presentación judicial, que aún sigue en trámite, expone un presunto esquema de proveedores privilegiados, adjudicaciones reiteradas y posibles vínculos familiares dentro del área de compras. Entre los nombres señalados aparece el de Héctor Torres, mencionado como un proveedor "multirubro" que, pese a su reciente inscripción fiscal, habría concentrado un volumen llamativo de contratos municipales.

También se menciona al coordinador de la Dirección de Compras, Patricio Alejandro Naughton, a quien se acusa de haber adjudicado licitaciones a personas vinculadas a su entorno familiar. Para los denunciantes, estas maniobras podrían configurar delitos contra la administración pública.

El "banco de tierras" y el temor a expropiaciones

Otro frente de conflicto fue el impulso de un nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Desde la oposición, concejales del PRO y de otros bloques advirtieron que la iniciativa habilitaría expropiaciones encubiertas para conformar un "banco de tierras" municipal.

Según esos sectores, la normativa permitiría imponer obligaciones de uso del suelo a propietarios privados y, en caso de incumplimiento, aplicar sanciones o avanzar con expropiaciones. Desde Juntos por el Cambio alertaron que el proyecto pone en riesgo garantías básicas de la propiedad privada.

La tasa ambiental que desató el escándalo

El punto más reciente y explosivo de la gestión de Achával es la modificación de la Tasa de Derecho Ambiental. El recargo del 2% sobre el IVA afecta a casi toda la cadena comercial y, según las cámaras empresarias, se traslada de manera directa al precio final que pagan los vecinos.

La Asociación de Supermercados Unidos, junto a mayoristas y comerciantes locales, envió una carta formal al municipio reclamando la suspensión inmediata de la medida. Denuncian falta de información previa, ausencia de estudios técnicos y un impacto directo sobre pymes y consumidores.

Los rubros alcanzados incluyen alimentos, bebidas, indumentaria, electrodomésticos, combustibles, gastronomía y comercios de cercanía, entre otros.

El cruce con el Gobierno nacional

La polémica escaló a nivel nacional cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó duramente la tasa y llamó a los consumidores a no comprar en Pilar. Desde sus redes sociales acusó al intendente de aplicar políticas "irresponsables" que castigan la actividad económica y profundizan la crisis.

Las declaraciones tensaron aún más la relación entre Nación y los intendentes del conurbano, y colocaron a Achával como uno de los jefes comunales más cuestionados del kirchnerismo.

Mientras comerciantes reclaman que se dé marcha atrás con el aumento y la oposición exige explicaciones, Federico Achával enfrenta un escenario complejo: protestas, denuncias judiciales y un creciente malestar social en un distrito golpeado por la crisis económica.