Legisladores de la UCR y del PJ expresaron un rechazo contundente al operativo policial realizado el 5 de diciembre en Concepción, donde trabajadores y delegados de La Bancaria fueron reprimidos mientras protestaban frente al Banco Patagonia.

Según indicó Tendencia de Noticias, los proyectos de resolución, impulsados por José Cano, Silvia Elías de Pérez y Hugo Ledesma, apuntan al uso "arbitrario, irracional y violento" de la fuerza pública, al que definieron como un mecanismo de "disciplinamiento social" destinado a desalentar reclamos legítimos.

Las iniciativas reclaman una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Seguridad.

"Operativo desmedido" y vulneración de derechos constitucionales

La protesta había sido convocada en apoyo a empleados que denunciaron situaciones de maltrato laboral. Según los legisladores, la intervención policial terminó en golpes, empujones, insultos y el despliegue injustificado de Infantería contra manifestantes pacíficos.

Cano remarcó que incluso dirigentes sindicales resultaron agredidos, entre ellos la secretaria general de La Bancaria Tucumán, Cecilia Sánchez Blas.

Tanto Cano como Elías de Pérez y Ledesma señalaron que las imágenes difundidas muestran un uso de la fuerza incompatible con un Estado democrático, afectando derechos como la libertad sindical, la protesta y la defensa de condiciones laborales dignas.

Los parlamentarios advirtieron que este tipo de acciones transforma un conflicto laboral en un ataque institucional injustificado, vulnerando normas nacionales, tratados internacionales y la legislación provincial.

Exigen informes al Ministerio de Seguridad y sanciones a responsables

Los legisladores solicitaron que el Poder Ejecutivo detalle si existe una investigación interna en marcha, qué organismo interviene, qué protocolos se aplicaron y qué mandos autorizaron el procedimiento.

El proyecto de Cano pide, además, información sobre medidas disciplinarias aplicadas al personal involucrado y acciones para garantizar la protección del derecho a la protesta en eventuales manifestaciones.

Las resoluciones subrayan que la fuerza pública no puede utilizarse para "intimidar o disciplinar reclamos laborales legítimos", y remarcan que el uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcional y siempre como última instancia.

Para los autores, la falta de sanciones consolida prácticas abusivas que dañan el sistema democrático. Por eso reclaman transparencia, rendición de cuentas y medidas que eviten la naturalización de la violencia institucional.