Mientras el Congreso avanza con proyectos que apuntan a mejorar jubilaciones, restituir moratorias previsionales y redistribuir impuestos, en el Gobierno hacen cuentas. Y los números no cierran. Según el Ministerio de Economía, si se aprueban estas iniciativas, el costo fiscal total podría trepar hasta el 2,5 por ciento del PBI en 2026. Solo en el área previsional -con aumentos a los haberes y una nueva moratoria- el impacto sería del 2,1 por ciento.

Para tener una idea de la dimensión, el oficialismo necesita lograr un superávit primario del 2,2 por ciento del PBI para cerrar el año próximo con equilibrio financiero. Es decir, estas medidas consumirían todo ese margen e incluso más.

Este año, el golpe sería menor pero igual de sensible: un 1,25 por ciento del PBI. Y eso pone tensión sobre la meta fiscal más ambiciosa que Milei le fijó a su equipo, cuando decidió subir el objetivo de superávit de 1,3 a 1,6 por ciento del producto. Una diferencia de 2,5 billones de pesos.

Qué dicen las consultoras privadas sobre el impacto fiscal

No todos los análisis coinciden con las alarmas del Gobierno. La consultora Analytica calculó que el costo total para 2024 sería más acotado: apenas 0,49 por ciento del PBI. De ese total, el 0,31 por ciento correspondería a medidas previsionales, y el resto a transferencias a provincias y cambios en el impuesto a los combustibles. Pero incluso así, advierten que el gasto podría complicar las metas oficiales.

Por su parte, Invecq estimó que el impacto anual de las mejoras previsionales -aumentos y bonos- llegaría al 1,2 por ciento del PBI. Si se suma la reinstauración de la moratoria (0,2 por ciento) y otras iniciativas como las vinculadas a discapacidad (0,3 por ciento), el gasto total alcanzaría el 1,7 por ciento. Con ese escenario, el superávit primario no alcanzaría para cubrir ni siquiera los intereses de deuda, alertó la firma.

Cambios en el reparto de ATN: menos discrecionalidad y más para las provincias

Otro proyecto en discusión busca modificar la forma en que se distribuyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), quitándole al Ejecutivo la posibilidad de repartirlos de forma discrecional. La propuesta establece una distribución automática y diaria de esos fondos entre las provincias, según el esquema de coparticipación.

Según un informe de la Fundación Mediterránea, esta medida implicaría que la Nación reciba apenas un 41,2 por ciento de esos fondos, frente al 90 por ciento que retuvo en la práctica en los últimos años. La provincia más beneficiada sería Córdoba, que recibiría un extra equivalente al 2,5 por ciento de su coparticipación. Solo Chubut saldría perdiendo con la nueva fórmula.

En términos del impacto fiscal, el informe señala que el costo nacional sería moderado: 0,05 por ciento del PBI. Pero en un contexto de cuentas ajustadas, incluso ese pequeño desvío suma presión.

¿Se compromete el equilibrio fiscal?

El diagnóstico general entre analistas es claro: aunque muchas de las medidas tienen un objetivo social loable, su implementación sin una contrapartida clara -como recortes en otras áreas del gasto- pondría en riesgo el equilibrio fiscal que el Gobierno necesita mostrar, sobre todo ante organismos internacionales como el FMI.

Y con una economía que aún no despega y una situación social frágil, cualquier desvío presupuestario podría cambiar, de forma decisiva, el rumbo de 2025.