La decisión de dejar fuera del temario de la última sesión del año cualquier iniciativa vinculada a la reforma electoral concentró las miradas tras la reunión de Labor Parlamentaria, aunque el encuentro también sirvió para consensuar el tratamiento de asuntos de fuerte impacto institucional, entre ellos la extensión del régimen conclusional hasta septiembre de 2029.

El vicegobernador Miguel Acevedo explicó que la prórroga fue solicitada por el propio Poder Judicial ante la imposibilidad de concluir, en los plazos vigentes, las causas penales tramitadas bajo el antiguo Código Procesal Penal. La actual normativa vencía el 1 de septiembre de 2026, pero se propone ahora una segunda extensión por tres años, luego de que en diciembre de 2022 ya se hubiera aprobado una primera ampliación cuando el régimen debía extinguirse en 2023.

El proyecto, firmado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y acompañado por Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, Alberto Olea, Alfredo Toscano y Leopoldo Rodríguez, plantea modificar la Ley 8.934 para que el período de resolución de causas pendientes iniciadas antes de la entrada en vigencia del nuevo código se extienda hasta el 1 de septiembre de 2029 en los Centros Judiciales Capital y Monteros.

La iniciativa incorpora además una facultad clave para la Corte Suprema de Justicia, que preside Daniel Leiva: autoriza a redistribuir expedientes entre las unidades jurisdiccionales conclusionales con el objetivo de equilibrar la carga de trabajo y acelerar los tiempos de los procesos.

En los fundamentos del proyecto se destacó que, desde la puesta en marcha del régimen conclusional, se logró un avance significativo en el cierre de expedientes, aunque aún permanecen en trámite 14.109 causas en el Ministerio Público Fiscal y en las unidades conclusionales de la Corte.

De ese total, 3.398 corresponden a hechos considerados de alta gravedad, entre ellos 14 homicidios, 183 causas por abuso sexual, 40 vinculadas a personas privadas de la libertad y 1.502 robos agravados.

Según los datos oficiales, el grado de resolución alcanza el 60% en este universo, con niveles más altos en homicidios (92%) y personas privadas de la libertad (90%), y más bajos en robos agravados (30%).

Gerónimo Vargas Aignasse sostuvo que la prórroga del fuero conclusional es una medida "necesaria, razonable y jurídicamente fundada", y advirtió que no extender su funcionamiento implicaría dejar sin respuesta miles de expedientes. "No prorrogar el plazo sería, en los hechos, abandonar ese universo de causas, con consecuencias institucionales graves", afirmó el presidente de la comisión de Legislación General.

En la misma línea, remarcó que la Justicia no puede volver sobre un sistema escrito ineficaz, pero tampoco cerrar procesos sin resolución. "La prórroga es una decisión de responsabilidad institucional", enfatizó.

Acevedo y Mansilla ya habían abordado este tema en una reunión mantenida el 1 de diciembre con el titular de la Corte Suprema, Daniel Leiva, reelecto recientemente en ese cargo. Mientras tanto, la reforma electoral quedará fuera del debate legislativo de fin de año, en un contexto marcado por falta de consensos y fuertes resistencias políticas.