El diputado nacional Gerardo Milman, junto con la legisladora Marilú Quirós, presentó un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal (24.660). El objetivo: aumentar de 70 a 75 años la edad mínima para que una persona condenada pueda acceder al beneficio de prisión domiciliaria.

"Hoy el límite de 70 años se convierte en una especie de atajo para eludir condenas firmes", argumentó el legislador del PRO, quien mantiene un enfrentamiento abierto con Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por intento de magnicidio en su contra.

Una medida basada en la nueva esperanza de vida

Milman justificó la iniciativa en la evolución de la expectativa de vida en Argentina. "El promedio nacional supera los 76 años y es incluso mayor en zonas urbanas y sectores con mejor acceso a la salud", remarcó.

Citando datos del INDEC y del Ministerio de Salud, señaló que hay franjas sociales en las que la esperanza de vida ya supera los 80 años. Este cambio demográfico, según el legislador, obliga a repensar cuándo y cómo debe aplicarse un beneficio como la domiciliaria.

Casos polémicos y cuestionamientos al sistema actual

El proyecto también apunta a corregir lo que Milman considera un uso indebido del beneficio en casos de alta sensibilidad social, como los delitos de corrupción o de violencia sexual. Mencionó especialmente el caso del exgobernador José Alperovich, condenado a 16 años por abuso sexual, quien recibió el arresto domiciliario a los 70 años sin una evaluación médica independiente, según denunció.

"Más del 50% de las domiciliarias a mayores de 70 años se otorgan sin pericias médicas rigurosas", aseguró Milman.

Un cambio legal con enfoque restrictivo pero no punitivo

El diputado aclaró que su propuesta no busca restringir derechos humanos, sino "actualizar la legislación penal en sintonía con la realidad demográfica y sanitaria del país". Según su planteo, elevar el umbral a los 75 -o incluso 80 años, en ciertos casos- permitiría preservar el carácter excepcional de la prisión domiciliaria y evitar que se convierta en una estrategia para evadir el cumplimiento de penas efectivas.