Este martes, el Gobierno promulgó dos leyes clave: la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y la Ley de Emergencia Pediátrica (N° 27.796), ambas aprobadas por el Congreso tras el rechazo de los vetos presidenciales. Sin embargo, su aplicación fue suspendida hasta que el Congreso establezca las partidas presupuestarias específicas para su implementación.

La decisión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial en la madrugada del martes. Según el Ejecutivo, el freno se debe al elevado impacto fiscal que implicarían ambas normas.

La ley universitaria busca garantizar el financiamiento de todas las universidades públicas del país, incluyendo la actualización automática de los gastos operativos según el índice de inflación (IPC), y la recomposición salarial del personal docente y no docente. El costo estimado para 2025 supera el billón de pesos ($1.069.644.600.000), y se duplicaría en 2026.

En cuanto a la Ley de Emergencia Pediátrica, el objetivo es fortalecer el sistema de salud infantil con mejoras salariales, recursos críticos e infraestructura hospitalaria. Pero su implementación requeriría al menos $196.270 millones, cifra que excede ampliamente la capacidad actual del Ministerio de Salud.

El Gobierno argumenta que ninguna de las leyes especifica claramente de dónde saldrán los fondos, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera N° 24.156. Por eso, ambas legislaciones quedarán congeladas hasta que se apruebe un nuevo presupuesto con las partidas correspondientes, tal como ocurrió recientemente con la Ley de Emergencia en Discapacidad.