La controversia nace del propio puño del Gobernador: el Decreto N° 366/8 (MOIyTP), dictado el 27 de febrero de 2026, lleva la firma de Osvaldo Jaldo y el Ministro Daniel Abad. Con este instrumento, Jaldo pretendía establecer la "llave maestra" para destrabar la parálisis habitacional en la zona de Manantial Sur. Sin embargo, la letra chica del Acuerdo N° 606 del Tribunal de Cuentas ha transformado la voluntad del Gobernador en un candado legal que expone las fragilidades de un esquema de financiamiento que camina por la cornisa de la normativa federal.

Cabe destacar que el decreto de Jaldo convalidaba formalmente el convenio de cooperación firmado el 6 de febrero de 2026 entre el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y el IPVDU. Este acuerdo buscaba facultar la transferencia de fondos FONAVI para la ejecución de las obras, centralizando la gestión operativa bajo la órbita de la cartera ministerial. De este modo, el IPVDU -en su carácter de administrador de los recursos- quedaba obligado a transferir montos multimillonarios directamente a la Provincia (a través de la mencionada repartición de Obras Públicas), que asumía el rol de organismo ejecutor del programa.

El nudo de la parálisis: El TC frena el flujo de fondos

La reactivación, anunciada por la gestión de Jaldo como un hito administrativo, se encuentra hoy en un punto de quiebre. El Tribunal de Cuentas ha ordenado al Ministerio de Obras Públicas y al IPVDUque se abstengan de ejecutar el acto administrativo hasta que recaiga un pronunciamiento definitivo, bloqueando de hecho cualquier pago o transferencia de los fondos que el Gobernador pretendía movilizar.

Esta parálisis preventiva surge de una serie de inconsistencias detectadas en el cruce del decreto provincial con la Ley FONAVI (N° 24.464). Es vital recordar que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda son de uso específico y poseen un carácter coparticipable. Cualquier desvío o mala utilización de estos fondos no solo es ilegal, sino que pone en riesgo los coeficientes de distribución que la Nación asigna diariamente a la provincia. Entre los puntos de mayor controversia se destacan:

• El techo del 30%: La normativa nacional prohíbe destinar más del 30% de los recursos anuales a infraestructura y servicios. El TC advierte que el plan de Jaldo podría estar perforando este límite legal, afectando la coparticipación futura.

• Trazabilidad bajo sospecha: El decreto firmado por el Gobernador ordena que el IPVDU "restituya" a una cuenta específica fondos ejecutados previamente con Rentas Generales. El Tribunal exige precisiones urgentes para garantizar que no haya un desvío de partidas federales hacia fines no autorizados, dada la naturaleza de afectación específica del FONAVI.

• Vacío en la adjudicación: No existe información clara sobre el organismo que administrará la entrega ni el sistema de recupero de las cuotas, requisitos esenciales de la ley federal que el decreto de Jaldo parece haber omitido.

"Llueve sobre mojado": El oportunismo empresarial y el caso Alfa

En medio de las recientes inundaciones que azotaron la provincia, un grupo de empresas contratistas ha visto una ventana de oportunidad para extender los plazos de entrega del Procrear. Porque más que en cualquier otro ámbito, en la lógica contratista el tiempo es dinero.

Un caso ejemplar es el de Alfa Constructora S.R.L., firma vinculada históricamente a obras del propio Tribunal de Cuentas, como las ampliaciones financiadas con polémicos "excedentes financieros". Recientemente, la constructora pidió postergar los plazos para culminar la obra apelando a las inclemencias del tiempo como motivos de "fuerza mayor". Aquella obra y asignación de recursos previa nos llevan a la vieja y vigente pregunta: ¿Quién controla a los que controlan?

Pero el pedido de prórroga ha generado un fuerte conflicto interno: mientras los Ingenieros Fiscales del TC exigen informes técnicos que aclaren minuciosamente el porqué de cada plazo solicitado, ha trascendido una directiva de un alto mando tribunalicio para aprobar estos requerimientos "sin observaciones". En los pasillos del TC interpretan que esta orden busca evitar que la obra figure legalmente como paralizada y garantizar que las promesas de Jaldo no se vean empañadas por incumplimientos contractuales. La paradoja es total: se busca ser "bondadoso" con empresas como Alfa para mantener la ficción de una obra en marcha, mientras el TC mantiene bloqueados los pagos por la falta de transparencia que el Ejecutivo aún no ha podido demostrar.