El bloque de diputados del PRO volvió a expresar su rechazo a la designación de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) y negó haber facilitado la votación al retirarse del recinto de la Cámara de Diputados. Según el espacio que conduce Cristian Ritondo, la aprobación estaba definida de antemano por un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal, que ya contaban con los votos necesarios.

En un comunicado, el partido sostuvo que su salida de la sesión no tuvo como objetivo incidir en el resultado, sino evitar convalidar un procedimiento que considera inconstitucional. "Nunca vamos a convalidar la ilegalidad", remarcaron desde el PRO.

El argumento político y la objeción constitucional

Desde el bloque explicaron que la votación se realizó de madrugada, sin transparencia y sobre un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo que -según denunciaron- viola el artículo 63 de la Constitución Nacional.

"El acuerdo ya estaba cerrado. La Libertad Avanza, el kirchnerismo y el bloque de Innovación Federal reunían holgadamente los votos necesarios. La aprobación se concretó con 189 votos y no dependía de la presencia ni del acompañamiento del PRO", señalaron.

En ese sentido, insistieron en que permanecer en el recinto, incluso para votar en contra, habría implicado legitimar un acto que consideran "viciado de nulidad absoluta". "El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales", afirmaron.

La denuncia judicial y el conflicto político

El PRO recordó además que ya presentó un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la designación de los auditores Pamela Caletti, Mónica Almada y Juan Ignacio Forlón. La acción judicial, impulsada por Ritondo, sostiene que el procedimiento vulneró normas constitucionales y reglas básicas del funcionamiento parlamentario.

En presentaciones posteriores ante la AGN, el bloque advirtió que las designaciones carecen de competencia funcional, afectan el debido proceso legislativo y violan el principio de legalidad, por lo que -según argumentan- los actos derivados de esas decisiones serían "insanablemente nulos".

El conflicto se profundizó tras la sesión en la que se definieron los nuevos auditores, en paralelo al debate del Presupuesto 2026. Desde el PRO sostienen que el oficialismo incumplió un acuerdo político previo y avanzó en una negociación directa con el kirchnerismo, dejando al macrismo al margen.

Mientras en el Gobierno aseguran que la designación fue regular y relativizan el reclamo del PRO, el partido de Mauricio Macri ratificó que la disputa se resolverá por la vía judicial y que no acompañará decisiones que considere contrarias a la Constitución.