Fiscalía reclama penas por defraudación y mal manejo de fondos públicos

El fiscal federal Miguel Osorio pidió al Tribunal Oral Federal N°1 que condene al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández a 3 años de prisión de cumplimiento condicional por administración fraudulenta agravada en el marco del convenio de transmisión del programa "Fútbol para Todos". Además, solicitó su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Según la acusación, Fernández habría causado un perjuicio económico al Estado a través del contrato firmado en 2009 con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destinado a garantizar la transmisión gratuita de partidos y a fortalecer la economía de los clubes.

En paralelo, para Jorge Capitanich, Osorio reclamó 8 meses de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público, luego de determinar un perjuicio de más de 131 millones de pesos entre 2010 y 2015. La fiscalía destacó diferencias entre los acuerdos firmados por Fernández y la adenda rubricada por Capitanich, que dejó sin efecto la devolución de adelantos previos.

Otros implicados y reclamo de devolución de fondos

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también intervino en el juicio, solicitando que los acusados reintegren solidariamente el dinero perdido por el Estado, actualizado a valores actuales, en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y la AFA.

Entre los otros acusados se encuentran:

• Luis Segura, expresidente de la AFA, con pedido de 2 años de prisión.

• Carlos Pandolfi, extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a 1 año.

• Norberto Monteleone, exgerente de FAA, a 1 año.

• Natale Antonio Rigano, expresidente de Iveco, a 2 años.

Por otro lado, la fiscalía solicitó la absolución de Gabriel Mariotto, excoordinador del programa, quien estaba imputado en la causa.

Próximos pasos en el juicio

El Tribunal compuesto por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg decidió tomar un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, fecha en la que comenzarán las exposiciones de las defensas.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la gestión de fondos públicos destinados al deporte y la televisión, y sigue generando atención mediática por el impacto económico y político de las decisiones de los exfuncionarios involucrados.