El Gobierno nacional se mantiene en alerta por posibles cambios en el Presupuesto 2026, en especial en el capítulo vinculado a Educación, y decidió enviar a funcionarios clave al Senado para monitorear la sesión. El presidente Javier Milei evalúa ampliar las sesiones extraordinarias hasta la primera semana de enero si la oposición introduce modificaciones que obliguen a que la iniciativa regrese a la Cámara de Diputados.

En el entorno presidencial reconocen que el escenario es abierto y que la negociación puede reactivarse en cualquier momento. Por ese motivo, integrantes de la mesa política siguen de cerca el debate legislativo con margen para intervenir si se destraban acuerdos de último momento.

La preocupación por el artículo educativo y los votos en el Senado

Desde la Casa Rosada admiten que cuentan con los votos necesarios para la aprobación en general del Presupuesto, pero reconocen mayores dificultades para sostener el articulado completo. El foco de tensión está puesto en el artículo que propone derogar normas que fijan pisos obligatorios de financiamiento en educación, ciencia y tecnología y defensa.

Ese texto incluye la eliminación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece que el gasto educativo consolidado no puede ser inferior al 6% del PBI, además de normas que fijan metas de inversión en ciencia y tecnología y criterios de distribución de fondos. En el oficialismo descartan, por ahora, aceptar modificaciones o acompañar propuestas alternativas impulsadas por bloques aliados.

La prioridad del Ejecutivo es que el proyecto obtenga sanción completa antes de que el Tesoro deba afrontar vencimientos por más de US$4000 millones a comienzos de enero, un factor que agrega presión al calendario legislativo.

Plan de contingencia y decreto para reasignar partidas

Ante la posibilidad de que el Presupuesto sea aprobado con cambios, el Gobierno prepara un plan alternativo. La mesa política de Balcarce 50 desistió de insistir con la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, luego de que ese capítulo fuera rechazado en Diputados y no lograra respaldo suficiente en el Senado.

En paralelo, el Ejecutivo avanza en la redacción de un decreto para reasignar partidas y evitar un desbalance fiscal en caso de que la ley sea sancionada. El trabajo está a cargo del equipo del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que cuenta con atribuciones para redistribuir fondos. En el Gobierno anticipan que aplicarán los aumentos presupuestarios de acuerdo con su interpretación del alcance de las normas aprobadas por el Congreso.