La jueza estadounidense Loretta Preska ratificó su orden para que la Argentina entregue chats, correos electrónicos y comunicaciones digitales de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa. El país deberá informar antes del 10 de noviembre quiénes colaborarán con la Justicia de Estados Unidos y presentar la documentación solicitada antes del 21 de noviembre.

Preska, que en 2023 condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF, amplió ahora el pedido de información para que se incluyan mensajes en WhatsApp, Signal y también intercambios en redes sociales.

Un discovery que busca activos y posibles alter ego

La audiencia se realizó en el marco del proceso de discovery, la instancia en la que los demandantes financiados por el fondo Burford intentan identificar activos argentinos para embargar y así cobrar parte de la sentencia. El objetivo es determinar si empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central o el Banco Nación funcionan como una extensión del Estado argentino.

Los abogados del país pidieron a la jueza extender los plazos originales, que vencían el 30 de octubre, y anticiparon que solicitarían la colaboración de 35 funcionarios y exfuncionarios para preservar y entregar sus comunicaciones privadas. También informaron que ya se inició el proceso de apelación contra la orden de Preska.

Durante la audiencia de este martes, la defensa argentina advirtió que no puede garantizar que todos los implicados hayan conservado los mensajes y correos electrónicos, según indicaron fuentes vinculadas al expediente.

Advertencias, tensiones y el riesgo de desacato

Los demandantes acusaron a la Argentina de dilatar el proceso y pidieron que, si el país no entrega la documentación requerida antes del 21 de noviembre, sea declarado en desacato. Burford insiste en que el Gobierno debe aportar toda la información exigida para avanzar en la ejecución del fallo por la expropiación de YPF.

Preska no dispuso sanciones inmediatas, pero dejó abierta la posibilidad y advirtió que, si se incumplen los nuevos plazos, podría iniciar una investigación adicional para determinar responsabilidades y evaluar sanciones.