La política santafesina cerró uno de los capítulos institucionales más intensos del año. Luego de semanas de presión pública, negociaciones reservadas y un mensaje directo del gobernador Maximiliano Pullaro, el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Rafael Gutiérrez confirmó que presentará su renuncia, efectiva a fines de 2026, con salida formal en 2027.

Con esa decisión, se completa el retiro de la vieja guardia del máximo tribunal provincial: antes habían anunciado su salida Roberto Falistocco y Eduardo Spuler, y ya se habían concretado las renuncias de María Angélica Gastaldi y Daniel Netri. El movimiento marca el final de un núcleo de magistrados que durante décadas resistió cualquier intento de renovación profunda de la Corte.

La renuncia de Gutiérrez sintetiza una pulseada política de alto voltaje. Pullaro no solo confrontó con el Poder Judicial, sino que lo hizo al límite: dejó trascender que, de no haber anuncios, avanzaría con un decreto para remover a los jueces mayores de 75 años, amparado en la reciente reforma constitucional. Fue una presión directa, "por las buenas o por las malas", como admiten dirigentes de Unidos.

Más allá de las críticas que arrastra el gobernador (por sus formas de conducción, sus tensiones con la prensa y sus vínculos ásperos con distintos sectores institucionales) incluso opositores reconocen que logró lo que ningún mandatario había conseguido en décadas: ordenar una salida escalonada y completa de los jueces más antiguos del tribunal.

La incógnita ahora es otra: si ese objetivo se alcanzó respetando plenamente los límites democráticos o si se trató de una demostración de fuerza que abre un precedente delicado.

El operativo político detrás de la renuncia

La decisión de Gutiérrez no fue espontánea. Según reconstruyen fuentes judiciales y legislativas, el punto de inflexión se produjo en una reunión reservada entre Pullaro y la conducción de Unidos. Allí, el gobernador planteó sin rodeos que había llegado el momento de avanzar contra el núcleo duro de la Corte. El respaldo político fue total.

Desde ese momento convivieron dos estrategias dentro del oficialismo. La línea dura proponía avanzar directamente con el decreto, sin aviso previo. La postura gradual, que finalmente se impuso, ofrecía una última ventana para que los jueces anunciaran su retiro de manera "ordenada".

El mensaje, sin embargo, fue inequívoco. Emisarios del Ejecutivo transmitieron a la Corte un plazo concreto: si antes de la reunión de acuerdos del miércoles no había definiciones formales, la Casa Gris avanzaría sin contemplaciones. A partir de allí, todo se aceleró.

Falistocco dio el primer paso y dejó a Gutiérrez sin margen

El primer movimiento lo hizo Roberto Falistocco, entonces presidente del tribunal, quien anunció públicamente que se retiraría en noviembre del año siguiente. En el gobierno celebraron el gesto, aunque lo consideraron insuficiente: querían fechas claras y renuncias formales.

En paralelo, comenzaron a multiplicarse las señales de que Gutiérrez, el magistrado con mayor peso histórico dentro de la Corte, también estaba evaluando su salida. Hubo intermediarios, pedidos de tiempo y gestos concretos, como la renuncia de Eduardo Bordas, secretario de Gobierno de la Corte y hombre de extrema confianza del juez.

Mientras tanto, los ministros menores de 75 años (Baclini, Zabalza y Erbetta) bloquearon cualquier intento de Gutiérrez de proyectarse como presidente del tribunal en 2026, dejando en claro que no habría continuidad sin un compromiso de salida.

El dilema era claro: renunciar o ser removido por decreto. Finalmente, Gutiérrez optó por la primera opción.

Una despedida negociada y con poder

Gutiérrez comunicó que dejará su cargo en noviembre de 2026, lo que le permitirá ejercer un último período como presidente de la Corte y administrar la transición. Se trata de una salida negociada, que evita un final abrupto para un magistrado que acumuló más de 25 años de influencia judicial y política.

En su justificación pública, afirmó que la decisión responde "al interés del Poder Judicial" y a la necesidad de concluir obras y procesos estratégicos antes de su retiro.

Para Pullaro, el resultado es contundente: sin firmar un decreto, logró el retiro ordenado de todos los jueces que superan la edad constitucional.

El fin de una era y el inicio de otra

La salida de Gutiérrez cierra definitivamente la etapa de la Corte construida en tiempos de Carlos Reutemann y sostenida durante un cuarto de siglo. Con las vacantes que se abrirán, el gobernador ya evalúa nombres para redefinir el perfil del tribunal.

Entre los candidatos que suenan con fuerza aparecen el juez federal Aldo Alurralde, con vínculos con el PRO y foco en narcotráfico y seguridad; Diego Maciel, cercano al senador Felipe Michlig; y una abogada rosarina para garantizar presencia femenina en la Corte.

El objetivo del Ejecutivo es consolidar un tribunal alineado con la reforma constitucional, con límite de edad y una gestión más moderna. Pero también, inevitablemente, más cercano al poder político.

Una victoria política con interrogantes abiertos

Pullaro evitó el costo institucional de un decreto, pero alcanzó su objetivo mediante presión pública y privada. En términos políticos, cumplió una promesa de campaña: renovar la Justicia. El método, sin embargo, deja preguntas abiertas.

¿Hasta dónde puede avanzar un Ejecutivo sobre el Poder Judicial sin afectar su independencia? ¿Qué garantías tendrá una Corte cuyos próximos miembros serán designados bajo fuerte tutela del gobierno? ¿Podrá el gobernador aplicar la Constitución sin reproducir prácticas que muchos sectores consideran autoritarias?

La salida de Rafael Gutiérrez marca el final de una etapa. El verdadero desafío empieza ahora: demostrar que la nueva Corte será más eficiente, más transparente y verdaderamente independiente. La sociedad santafesina lo espera.