Desde antes de ser gobernador, José Alperovich tenía pánico al Poder Judicial. La extinta fiscalía anticorrupción, con Esteban Jerez a la cabeza, avanzaba sin pausa en denuncias de corrupción que lo involucraban directamente a él y a sus familiares directos. 

Es por eso que durante los primeros años de José Alperovich en la gobernación se perfeccionó un sistema de control que, hasta hoy, condiciona la independencia de jueces y fiscales. En el centro de esa trama aparece un nombre que se repite: Edmundo "Pirincho" Jiménez. 

Las causas incómodas que se esfumaron Antes de llegar a la Casa de Gobierno, Alperovich y su entorno familiar arrastraban varias causas judiciales de alto impacto:

Fundación PIBE: se investigaba el desvío de fondos de publicidad oficial hacia una fundación vinculada a Beatriz Rojkés, esposa de Alperovich. Tres agencias de publicidad estaban en la trama: Dellagalera, Magritte y Cliché. El juez Francisco Pisa cerró la causa en 2004, ya con Alperovich en el poder. Pisa es el mismo magistrado destituido en 2021 tras el escándalo del femicidio de Paola Tacacho. 

Bonos Mellizos: investigación por la emisión de BOCADES con numeración duplicada, cuando Alperovich era ministro de Economía. 

Ley Dinar: en 2001 el fiscal anticorrupción Esteban Jerez analizó si hubo irregularidades en la operación que permitió a la firma Dinar adquirir 38 millones de dólares en deuda pública y escapar a la pesificación, generando un perjuicio multimillonario al Estado. 

Lomas de Tafí: sobreprecios en la construcción de viviendas y desvío de tierras. Las casas se entregaban sin terminaciones básicas pero con costos de viviendas de country.

Además, Alperovich había logrado aceitar una relación con la Casa Rosada para quitar cupos de viviendas a provincias opositoras como San Luis y Neuquén y que lleguen a Tucumán. 

El decreto que borró al CAM 

El 22 de diciembre de 2003, apenas 60 días después de asumir y a tres días de la Navidad, Alperovich firmó un decreto que derogó el Consejo Asesor de la Magistratura, reemplazándolo por un sistema discrecional que le permitió designar jueces y fiscales a dedo. 

Entre 2003 y 2009, los nombramientos judiciales respondieron exclusivamente a la voluntad del Ejecutivo. Recién en 2006, la reforma constitucional volvió a incorporar el Consejo Asesor de la Magistratura (art. 101), y en 2009 se sancionó la ley que lo reglamentó. Pero durante ese vacío institucional, el gobernador construyó su propia red de lealtades en los Tribunales. 

En ese contexto, fue clave que la causa por violación contra Alperovich se haya tramitado en los tribunales de Buenos Aires. Si la causa se instruía en Tucumán, seguramente hoy Alperovich no estaría preso. 

En medio de esa transición, en 2007, Alperovich negoció con Néstor Kirchner que los jueces provinciales se jubilaran con el 82% móvil, un beneficio equiparado al de los magistrados federales. 

El acuerdo fue rubricado entre Alfredo Carlos Dato, presidente de la Corte tucumana, y Sergio Massa, entonces titular de ANSES. Esta medida provocó casi un centenar de vacantes en los despachos judiciales que fueron cubiertos a dedo por Alperovich, y con la injerencia directa de quien fuera su ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez.

Ese mismo año se produjo otro movimiento clave: Antonio Estofán, hasta entonces fiscal de Estado, juró como vocal de la Corte en reemplazo de Alfredo Dato, quien renunció a la Corte Suprema para ser candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. 

El poder en la sombra Mientras los nombres cambiaban, Jiménez permaneció. Conocido en los pasillos como "Pirincho", construyó un entramado de control sobre las causas y los nombramientos que lo convirtió en el verdadero operador judicial de Tucumán.

Fuentes coinciden en señalar que sabe quién entra y quién sale de Tribunales, qué expedientes se mueven y cuáles se cajonean. 

Todas las causas hoy pasan por el despacho de Pirincho Jiménez. La explicación que repiten exfiscales, exjueces y abogados consultados es la misma: ninguna investigación se mueve sin la venia de Edmundo Jiménez. 

La gran incógnita es si Edmundo Jiménez decidió avanzar con una velocidad inusitada en una falsa denuncia contra el diputado nacional Carlos Cisneros y los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, entre otras personas, o si fue por un pedido de su antiguo jefe Alperovich. 

La historia reciente del Poder Judicial tucumano está marcada por maniobras de control político, beneficios corporativos y designaciones a medida. La consecuencia fue un sistema incapaz de dar respuesta a las grandes causas de corrupción y a los reclamos de justicia de la sociedad. Lo que comenzó como un mecanismo de autoprotección del poder político terminó por consolidar una estructura de impunidad que aún hoy condiciona el funcionamiento de la Justicia en Tucumán.