El golpe al mentón que significó el escándalo narco en Alberdi empieza a pasar facturas al oficialismo, que ve cómo crece la amenaza de La Libertad Avanza en la provincia, aunque no tenga un candidato oficializado. 

En ese contexto, el ministro del Interior Darío Monteros parece haber salido ileso, al menos por ahora, de la denuncia por desfalco que realizó la Procelac cuando era intendente de Banda del Río Salí.

A Gladys Medina, esposa de Monteros, le quedan dos años de mandato como diputada nacional pero igual sería la elegida por el gobernador Jaldo para integrar la lista Tucumán Primero. En ese caso, Elia Fernández de Mansilla, que termina su mandato en diciembre, continuaría en la Cámara de Diputados porque -en caso de ser electa Medina- se quedaría para completar el mandato vigente. 

La lógica sería que si Elia Fernández de Mansilla termina su mandato y quiere continuar en el cargo, sea ella la que integre la lista. Pero acá entra en juego el componente que derivó en la intervención de Alberdi. El eterno oficialista Sergio Mansilla (fue mirandista, alperovichista, manzurista y ahora jaldista) fue uno de los pocos que defendió la gestión de su amigo Luis "Pato" Campos en medio de la tormenta de denuncias por narcotráfico en esa ciudad del sur tucumano. Incluso, habría tenido incidencia directa en el armado del gabinete.

Con el Pato Campos derrocado, Mansilla comenzó su descenso en el tobogán del poder. Darío Monteros tejió para que su amigo Guillermo Norry se hiciera cargo de la intervención en Alberdi hasta que se elija al nuevo intendente que deberá cumplir el mandato que dejó trunco Luis Campos.

A pesar de la denuncia de la Procelac, Monteros concentra más poder en el gabinete.

Quizá así se explique esta jugada en el armado de las listas. "Con la candidatura de Gladys Medina, a Mansilla le está pagando, pero a medias. Porque Elia Fernández tendrá solo dos años más de mandato", analizó un legislador que conoce los vericuetos del poder.