Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, Pablo Yedlin destacó que la medida no garantiza una mejora en la seguridad y calificó la iniciativa como apresurada. "Argentina tenía la oportunidad de implementar un sistema penal juvenil moderno, que aún no existe". 

"La ley actual data de la época de la dictadura y deja demasiado poder discrecional a los jueces de menores", explicó.

El diputado enfatizó que la baja de la edad no aborda los recursos necesarios para implementar un régimen penal juvenil adecuado: "Para que este sistema funcione, las provincias necesitan juzgados, defensores, fiscales y lugares de detención y rehabilitación. Hoy eso no existe. Por eso, pensar que solo con bajar la edad vamos a mejorar la seguridad es un error".

Diferencias con la postura oficialista

Yedlin recordó que su bloque, junto con organismos como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, proponía alternativas más completas. "Nuestro proyecto preveía que, incluso para menores no imputables, el sistema judicial pueda intervenir en casos graves, garantizando rehabilitación y reinserción, no simplemente dejar que vuelvan a sus casas", señaló.

El diputado cuestionó además la estrategia del oficialismo, que, según él, buscó imponer la ley rápidamente y con slogans simplistas como "delito de adulto, pena de adulto", que calificó como inconstitucional. También advirtió que los recursos asignados por la ley -23.000 millones de pesos- no se distribuyen claramente ni aseguran que cada provincia pueda cumplir con la implementación.

Seguridad y prevención: la clave está fuera de la ley

Para Yedlin, la solución al problema de la criminalidad juvenil no pasa por bajar la edad de imputabilidad, sino por políticas de prevención: "La seguridad no depende de una ley penal. Pasa porque los chicos tengan acceso a la educación, a la salud, al deporte, y porque sus padres tengan empleo. Sin estas condiciones, cualquier reforma penal será insuficiente".

El diputado mencionó ejemplos internacionales donde la edad de imputabilidad es baja, como Ecuador, Honduras, Brasil y México, y donde las tasas de homicidio continúan siendo altas. "No es la edad la que garantiza seguridad, sino un sistema integral de políticas sociales", concluyó.

Un voto firme y coherente

Yedlin también se refirió al contexto político de Tucumán, donde otros diputados del bloque Independencia votaron a favor del proyecto. "Los recursos para las provincias no son suficientes, así que no puedo explicar por qué votaron diferente. Yo sostengo mi postura porque creo que es lo correcto para los jóvenes y para el país, aunque no sea lo que popularmente ‘garpe' en redes sociales", cerró.

El diputado advirtió que esta ley puede generar efectos adversos, al trasladar a menores a un sistema de detención que no garantiza rehabilitación, y destacó la necesidad de debatir reformas sensibles de manera profunda y responsable.