Jaldo denunció a la diputada Molinuevo por desobediencia judicial
El gobernador redobló la apuesta judicial contra la diputada nacional Molinuevo. A través de su abogada el mandatario formalizó una denuncia por incumplimiento de la sentencia que ordenaba a la legisladora eliminar publicaciones en redes sociales.
El origen del conflicto y la orden incumplida
La disputa legal, ratificada ante el juez Civil y Comercial Pedro Cagna, tiene su raíz en posteos que Molinuevo realizó tras la brutal agresión sufrida por el diputado Federico Pelli en La Madrid, hecho por el cual está detenido el empleado comunal Marcelo Pichón Segura. En dichas publicaciones, la referente libertaria aludía a "prácticas mafiosas" y responsabilizaba a Jaldo por su seguridad. El juez Cagna había instado a Molinuevo a borrar los comentarios, pero la abogada del gobernador denunció este miércoles que la orden fue ignorada deliberadamente.
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Acusaciones de "estrategia orientada a eludir" la Justicia
En el escrito presentado por Morales Soria, se califica la conducta de la diputada como "extremadamente consciente, intencional y estratégicamente orientada a eludir una orden judicial". La letrada subrayó que Soledad Molinuevo es abogada y posee conocimiento pleno de que sus apelaciones y pedidos de suspensión carecen de efecto suspensivo sobre la medida principal. Según la querella, la legisladora intentó generar una "apariencia de duda jurídica inexistente" para persistir en el incumplimiento de la manda judicial dictada el pasado 15 de marzo.
Pedido de sanciones y remisión al fuero penal
Ante lo que consideran una "desobediencia judicial" grave, la representación legal de Osvaldo Jaldo solicitó al tribunal medidas severas. El petitorio incluye intimar a Molinuevo con habilitación de días y horas inhábiles para el cumplimiento inmediato de la sentencia, bajo apercibimiento de ley. Además, pidieron que se le impongan astreintes (sanciones conminatorias diarias) en caso de persistir la desobediencia y que se remitan los antecedentes al Ministerio Público Fiscal para investigar la posible comisión de un delito penal por parte de la diputada nacional.
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