El decreto 682/2025 y su impacto inmediato en las exportaciones agrícolas

El reciente decreto 682/2025 que suspendió por un corto período las retenciones a las exportaciones agrícolas encendió la polémica en el Congreso. En solo 72 horas, las principales cerealeras aprovecharon el beneficio para exportar USD 7000 millones sin pagar derechos, algo que la oposición calificó como una medida improvisada y con falta de regulación.

Críticas de la oposición: "Una medida que beneficia a unos pocos"

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López denunció que esta medida no es una solución estructural, sino "un parche más que responde a la lógica de beneficiar a grandes empresas, dejando de lado a la mayoría de los productores". El legislador recordó experiencias previas como el "dólar soja" y destacó que estos recursos no generan estabilidad económica ni previsibilidad para el sector.

En tanto, Carlos Gutiérrez, de Encuentro Federal, cuestionó la velocidad con la que se activó el cupo: "En un abrir y cerrar de ojos, los barcos ya estaban listos para cargar. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de Estados Unidos pidió que se revierta la medida para proteger a sus productores".

Exigen controles y transparencia: pedido de informes y aplicación de la Ley Martínez Raymonda

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, reclamó la aplicación estricta de la ley vigente que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia física de la mercadería antes de declarar ventas al exterior. Esta normativa, conocida como Ley Martínez Raymonda, busca evitar maniobras especulativas y tiene antecedentes de sanciones a grandes empresas.

Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido formal para que el Gobierno detalle las empresas beneficiadas, el volumen exportado y el impacto fiscal de la medida, que según denunció generó una pérdida estimada en más de USD 1500 millones en retenciones.