El Gobierno envió esta semana al Congreso su proyecto de Reforma Penal Juvenil, con el objetivo de reducir la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa busca que los menores que cometen delitos graves puedan ser juzgados antes, pero mantiene un enfoque que prioriza medidas alternativas para infracciones de menor entidad.

Tras un primer intento que planteaba bajar la edad a 13 años, la oposición rechazó el texto, y el oficialismo decidió enviar una nueva versión que refleje el consenso parlamentario alcanzado en 2025.

Cambios en las penas y criterios para la prisión

El proyecto reduce la pena máxima para menores de 20 a 15 años en delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, se endurecen los requisitos para la prisión efectiva:

• Solo se aplicará en casos con penas superiores a 10 años, dentro del límite máximo.

• Se priorizan sanciones alternativas para delitos de menor gravedad.

• Delitos extremos, como homicidios violentos, seguirán permitiendo prisión inmediata.

Las partidas presupuestarias se destinarán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, asegurando recursos para implementar la ley.

La discusión se dará este jueves desde las 11 h en una sesión especial convocada por La Libertad Avanza. Para que el proyecto obtenga media sanción, necesita dictamen del plenario de cuatro comisiones.

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La medida llega en un momento de debate legislativo intenso: mientras Diputados analiza la reforma penal juvenil, el Senado discute la reforma laboral de Javier Milei, con protestas de trabajadores frente al Congreso.

Con esta nueva iniciativa, el oficialismo busca equilibrar la reducción de la edad de imputabilidad con garantías procesales y penas ajustadas, mientras refuerza la respuesta del Estado ante la delincuencia juvenil.