Las fuertes lluvias que golpearon a Tucumán en los últimos días no solo dejaron familias evacuadas y daños en la infraestructura, sino que también reavivaron una fuerte disputa política. El eje del conflicto pasó por la efectividad de las obras hídricas y el destino de los fondos públicos destinados a la prevención.

El reclamo de La Libertad Avanza: fondos y obras bajo la lupa

La Libertad Avanza Tucumán fue el primer espacio en marcar posición. A través de un comunicado, expresó su solidaridad con los damnificados, pero rápidamente avanzó con un pedido de explicaciones al Poder Ejecutivo.

El espacio que conduce Lisandro Catalán cuestionó el funcionamiento del denominado Plan Pre Lluvia, al considerar que las inundaciones eran "previsibles y prevenibles". Para los libertarios, la reiteración de anegamientos demuestra que las inversiones anunciadas no dieron resultados concretos.

Además, apuntaron directamente al manejo de los recursos girados a municipios y comunas para el mantenimiento de canales y desagües:

"Resulta imposible no preguntarse qué se hizo con los fondos", señalaron.

La respuesta del Gobierno: defensa del Plan Pre Lluvia

Desde el Ejecutivo provincial, el ministro del Interior Darío Monteros salió al cruce de las críticas y atribuyó los desbordes a las condiciones climáticas extremas.

El funcionario pidió responsabilidad política y aseguró que el Plan Pre Lluvia funcionó y seguirá funcionando, remarcando que los trabajos de limpieza y encauce evitaron daños mayores en zonas históricamente afectadas. Según Monteros, la saturación de los suelos fue determinante en el impacto final del temporal.

Cruces y pedido de transparencia en la Legislatura

El diputado nacional Gerardo Huesen rechazó los argumentos oficiales y afirmó que el clima no puede ser una excusa permanente. "Los fenómenos meteorológicos en Tucumán son cíclicos. Meses de trabajo no solucionan años de abandono", disparó.

En la misma línea, la legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un pedido de informes para conocer el destino de un ATN de $20.000 millones, otorgado bajo la Ley de Emergencia Hídrica. La iniciativa exige detalles sobre la ejecución financiera, el mapa de obras y los criterios técnicos utilizados para priorizarlas.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social Federico Masso llamó a no sacar rédito político de la situación y advirtió que muchas obras requieren recursos nacionales, en un contexto donde la obra pública está paralizada.