Narcotest obligatorio en Salta: qué funcionarios deberán someterse a controles toxicológicos
El gobernador Gustavo Sáenz firmó un DNU que impone exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios de todos los poderes del Estado provincial.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los organismos de control de la provincia. La medida busca elevar los estándares de ética, idoneidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el alcance del decreto es amplio y no distingue jerarquías, ya que apunta a quienes cumplen roles de representación y toma de decisiones dentro del Estado.
El objetivo: transparencia y responsabilidad pública
Al explicar la decisión, Sáenz remarcó el compromiso que implica ocupar un cargo estatal. "Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad", sostuvo el mandatario, y agregó que quienes forman parte del Estado deben responder a la confianza de la ciudadanía con conductas acordes a esa función.
El Gobierno provincial indicó que el narcotest obligatorio busca garantizar que los funcionarios cuenten con la aptitud moral y funcional necesaria para desempeñar sus tareas, como parte de una política orientada a reforzar la credibilidad institucional y los controles internos.
Sanciones y consecuencias por incumplimiento
El decreto también prevé consecuencias concretas para quienes no se sometan a los controles toxicológicos exigidos. Las sanciones estarán regidas por lo que establece la Constitución Provincial y la normativa vigente, y podrían incluir desde medidas administrativas hasta la remoción del cargo, según la gravedad del caso.
En el cierre de su mensaje, Sáenz subrayó el sentido político de la iniciativa y afirmó que gobernar implica "tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto por las instituciones", al tiempo que destacó que la ética y la transparencia deben ser pilares irrenunciables de la función pública.