La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió a uno de los puntos más sensibles del proyecto oficial para bajar la edad de imputabilidad y aclaró en qué condiciones cumplirían eventuales condenas los menores de edad que cometan delitos graves. 

Según explicó, la iniciativa descarta que adolescentes convivan con presos adultos y prevé la creación o reconversión de instituciones específicas. "Sería irracional mezclar adolescentes con adultos", sostuvo en declaraciones radiales.

Un sistema diferenciado y con enfoque socioeducativo

Monteoliva señaló que el Ministerio trabaja junto a las provincias en un sistema de clasificación más preciso de las personas privadas de la libertad, basado en la historia criminal de cada caso. En ese marco, remarcó que el proyecto de Ley Penal Juvenil pone el acento en un abordaje específico para los menores, con un fuerte componente socioeducativo y formativo. Según indicó, las instituciones deberán garantizar procesos de educación y acompañamiento permanente, diferenciados del régimen penitenciario tradicional.

El debate por la reforma penal juvenil

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y propone una reforma integral del régimen vigente, con la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años como eje central. La iniciativa establece un sistema de sanciones orientado a la resocialización, prioriza medidas no privativas de la libertad y fija un tope máximo de 20 años de condena para delitos de extrema gravedad, en un debate que genera fuertes posiciones políticas y sociales.