La Casa Rosada ratificó este lunes que vetará todos los proyectos impulsados por los gobernadores, incluidos los que tienen amplio respaldo político, como la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. La decisión contradice la sugerencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había afirmado que no vetar la iniciativa podría allanar el camino para reformar la Ley de Coparticipación Federal desde el Congreso.

"Javier Milei va a vetar las leyes que promueven los gobernadores", aseguraron desde Balcarce 50. En la misma línea, indicaron que el superávit fiscal es intocable y que no permitirán que la oposición condicione el plan económico diseñado por el Gobierno.

Retraso en Diputados y estrategia política

A pesar de la media sanción en el Senado, la Casa Rosada instruyó al presidente de Diputados, Martín Menem, a demorar el tratamiento de las leyes todo lo posible. Las provincias podrían forzar el debate si logran mayoría, pero el oficialismo apuesta al desgaste.

En paralelo, Milei ya anticipó el veto a otros proyectos recientes como el aumento de jubilaciones y la reincorporación de la moratoria previsional. "Sería inmoral no vetarlo", afirmaron cerca del presidente, justificando que los fondos se priorizan hacia la infancia y no hacia los jubilados.

Qué proponen las leyes provinciales

Las iniciativas impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño buscan reducir la discrecionalidad del Ejecutivo en el reparto de fondos. En el caso del impuesto a los combustibles, proponen que las provincias pasen a recibir el 58,36% de la recaudación, en lugar del 10,4% actual.

En cuanto a los ATN, el proyecto plantea que se distribuyan de forma automática y diaria, eliminando la intervención del Ejecutivo nacional y disolviendo varios fideicomisos.

Aunque Sturzenegger planteó que no vetar podría facilitar una reforma de fondo, en el Gobierno calificaron sus declaraciones como una "chicana" a los gobernadores y descartaron avanzar en modificaciones de este tipo antes de 2026, como parte de la "tercera generación" de reformas del mileísmo.