El presidente Javier Milei envió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos a favor. Aunque la iniciativa contó con amplia mayoría, no alcanzó los dos tercios necesarios para que la oposición pueda revertir el veto e insistir con el proyecto original.

Ley universitaria: qué establecía y por qué fue vetada

La norma buscaba actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación. Además, contemplaba la convocatoria a paritarias docentes y no docentes dentro de tres meses, la recomposición salarial y el aumento de becas. Fue impulsada por el radicalismo disidente y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La Casa Rosada rechazó la ley desde un primer momento, argumentando que su costo fiscal era demasiado alto y podía poner en riesgo el superávit fiscal, piedra angular del plan económico del Gobierno. En el veto, publicado en el Boletín Oficial, se señaló que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige detallar las fuentes de financiamiento de gastos no previstos en el presupuesto. Según el Gobierno, los mecanismos propuestos son "genéricos" y no garantizan la suficiencia de recursos.

Impacto económico según el Gobierno

El Ejecutivo advirtió que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos. Esto, según el Gobierno, pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica. Además, señaló que financiarlo sin respaldo real sólo sería posible mediante emisión monetaria, lo que incrementaría la inflación y afectaría principalmente a los sectores más vulnerables.