La relación entre Javier Milei y los gobernadores atraviesa su momento más crítico. Tras ser acusados por el Presidente de no hacer los ajustes necesarios y de "boicotear el cambio nacional", varios mandatarios provinciales, incluso algunos aliados, analizan no sostener con sus legisladores el veto al proyecto que mejora las jubilaciones, lo que podría representar un duro revés para la Casa Rosada.

El discurso de Milei que encendió la mecha

Durante un acto con empresarios en Puerto Madero, Javier Milei disparó munición gruesa contra los gobernadores, a quienes acusó de "ser parte del Estado calamitoso que requiere reformas urgentes" y de haber faltado a su compromiso de reducir el gasto público. "Las provincias hoy son la última trinchera de la casta política", sentenció.

Las declaraciones generaron fuerte malestar en las provincias, incluso en aquellas que hasta ahora se mostraban cercanas al oficialismo. Gobernadores como Osvaldo Jaldo, que en el pasado blindó los vetos presidenciales con sus diputados, hoy evalúan no repetir ese respaldo, principalmente por la avanzada de La Libertad Avanza en los distritos locales y la tensión política que eso genera.

Un informe de la consultora Empiria mostró que la mayoría de las provincias hizo su ajuste fiscal en 2024, reduciendo el gasto en un 15% real. Sin embargo, Milei insiste en que los gobernadores no cumplieron con lo pactado en el fallido Pacto de Mayo.

Preocupación en el Gobierno por la votación en Diputados

En este escenario de máxima tensión, los gobernadores consensuaron un proyecto para modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles, buscando recuperar fondos que Nación no gira. El gesto fue leído como una advertencia a la Rosada.

En la Cámara de Diputados, la situación es compleja: el oficialismo teme no contar con los 87 votos necesarios para sostener el veto al aumento jubilatorio. Aunque barajan maniobras como negociar ausencias, admiten que "está muy complicado". El impacto económico no es menor: el proyecto que Milei busca vetar tendría un costo fiscal del 1,8% del PBI, algo que preocupa a los mercados y podría poner en riesgo la estabilidad lograda hasta ahora.

Mientras tanto, dentro del propio oficialismo crecen las tensiones entre los armadores partidarios Martín y Eduardo "Lule" Menem, y el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. La estrategia electoral libertaria en las provincias podría terminar debilitando los apoyos legislativos claves para la gobernabilidad.