El bloqueo en las privatizaciones: ¿por qué no avanzan las ventas?

A casi dos años de gestión, el Gobierno de Javier Milei no logra concretar la venta de ninguna empresa pública de gran envergadura. El único avance significativo fue la venta parcial de Impsa, una firma mendocina que no generará ingresos directos para el Estado, sino que apunta a capitalizar la empresa y saldar deudas. Sin embargo, otras joyas estatales como Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Arsat o el Correo Argentino permanecen intactas.

El proceso está en manos de Diego Chaher, que responde a Santiago Caputo, encargado de todas las empresas del Estado, y al ministro Toto Caputo, responsable del área energética. Pero la realidad es que la falta de capacidad política y técnica para avanzar es notoria. Como indica un funcionario consultado: "Cuando se dan cuenta de los recursos y los gastos de estas empresas, pierden el entusiasmo por privatizarlas".

Entre trabas políticas y resistencia local, las licitaciones se empantanan

Casos emblemáticos como la Ruta del Mercosur, cuya licitación fue anunciada, suspendida y postergada en múltiples ocasiones, reflejan el caos que reina en el proceso. Internas en Vialidad, falta de apoyo político desde la Jefatura de Gabinete y contradicciones dentro del propio Ejecutivo han convertido este expediente en una verdadera carrera de obstáculos.

La paralización también afecta a Transener, que transporta más del 80% de la electricidad nacional. Aunque se intentó avanzar en verano, la Secretaría de Energía pidió extender los plazos otros ocho meses. No hay definiciones claras sobre precios ni modelos de venta, mientras que el lobby político no alcanza para destrabar la situación.

Fracasos sonoros: de la venta de medios públicos a proyectos energéticos

El caso más evidente de fracaso es la venta de los medios públicos como Canal 7 y Radio Nacional. A casi dos años del inicio del mandato, no se ha avanzado ni un centímetro. Mientras tanto, la agencia Télam sigue operando con un presupuesto elevado, pero sin prestar un servicio público real.

Además, la primera licitación para almacenamiento de energía ("pilas") fue un desastre: lanzada, caída, reanudada y nuevamente suspendida, hasta que la empresa estatal Cammesa tuvo que intervenir como garante para evitar un colapso total.

Este panorama hace recordar las privatizaciones masivas de los años 90, cuando bajo la gestión de Roberto Dromi se vendieron casi todos los grandes activos estatales con importantes ingresos para el Estado. Hoy, con todo a favor, el Gobierno apenas podría recaudar una cifra simbólica, que incluso parece imposible de alcanzar para la actual administración.