Un viaje sin justificación oficial

Javier Milei viajó este martes a Córdoba para participar de la "Derecha Fest", un evento estrictamente privado que recaudó más de 105 millones de pesos en entradas. Sin embargo, el traslado del mandatario y su comitiva se realizó utilizando recursos públicos: el avión oficial Tango 10, operativos de seguridad de varias fuerzas federales y una movilización de personal que incluyó cerca de 250 efectivos.

El Presidente aterrizó en Córdoba en el Lear Jet 60 de la flota presidencial, acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei. Al aterrizar, fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, en un saludo breve y meramente formal. Desde allí, se dirigió directamente al Hotel Quórum, donde se realizó el acto. No hubo actividades oficiales ni siquiera simbólicas que pudieran justificar el uso de recursos públicos.

Un despliegue estatal para una fiesta privada

El operativo de seguridad desplegado en Córdoba fue comparable al que Presidencia organizó para el 25 de mayo, con la diferencia clave de que en aquella ocasión se trataba de actos oficiales. Esta vez, todo fue para un acto cerrado y con fines partidarios. Viajaron gendarmes, policías federales, efectivos del Ejército y Casa Militar, ocupando transporte oficial y generando gastos millonarios en viáticos, traslados y logística.

Además del avión presidencial, se utilizaron otros medios oficiales para trasladar personal. Todo esto para cubrir un trayecto de apenas 3,7 kilómetros desde el aeropuerto al hotel. La distancia fue corta, pero el gasto, desmesurado.

Censura, opacidad y un evento con fines comerciales

La Derecha Fest no fue transmitida por los canales de Presidencia ni permitió el ingreso a la prensa. La periodista Melisa Molina, de Página 12, contó que pese a haber abonado su entrada de $35.000, fue expulsada por personal de Casa Militar. Incluso intentaron sobornarla con $40.000 para evitar que relatara el incidente. La censura fue total: sin medios acreditados, sin cobertura oficial y con absoluta opacidad en el uso de recursos públicos.

Mientras tanto, la organización privada del evento embolsó millones. Solo el alquiler del salón, según estimaciones, costó alrededor de USD 65.000 (más de 80 millones de pesos), sin contar sonido, luces ni catering. Todo fue solventado por entradas y sponsors, mientras que el aparato estatal cubrió el costo del despliegue presidencial.

Presentaciones en el Congreso y sospechas de ilegalidad

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en la Cámara Baja para que Presidencia explique bajo qué marco legal se utilizaron fondos públicos para asistir a un evento sin agenda estatal. Se solicita también que se detalle la composición de la comitiva y el presupuesto afectado.

El cuestionamiento no es menor: se trata del uso de bienes del Estado y de personal de seguridad nacional para asistir a un evento ideológico y partidario que generó ganancias para una organización privada. El propio Milei ha sostenido que "los políticos no viajan en colectivo", pero el avión presidencial tampoco parece ser para ir a recitales ideológicos pagos.