El gobierno de Javier Milei formalizó la cesión de una hidroeléctrica ubicada en Lago Escondido a la firma Hidden Lake SA, vinculada directamente al magnate británico Joe Lewis. La medida, oficializada mediante un acta de adjudicación, consolidó la posesión de una central energética construida en una zona de permanente conflicto legal, social y político.

Sin licitación pública ni llamado abierto, el contrato de operación y explotación fue asignado de forma directa, en favor de una empresa denunciada por organismos estatales como una "pantalla" para esconder la propiedad extranjera de tierras en áreas estratégicas.

Denuncias contra Hidden Lake: una empresa en el centro de la polémica

Desde hace años, Hidden Lake está bajo la lupa de la Inspección General de Justicia (IGJ), que en 2022 solicitó su intervención judicial y eventual disolución. Según los informes, la firma no cumple con las actividades productivas que declara (agropecuaria), y sería un artilugio legal para encubrir el dominio de Lewis sobre miles de hectáreas cercanas a la frontera con Chile, donde se encuentra el lago.

La compra de esas tierras, a fines de los '90, fue cuestionada por violar la ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, que impide a extranjeros adquirir tierras dentro de una franja de 150 km sin autorización especial. Para sortear ese obstáculo, Lewis habría utilizado empresas con testaferros argentinos, como HR Properties, que luego mutó en Hidden Lake.

Energía, negocios y escándalos: un combo explosivo

La hidroeléctrica tiene una potencia instalada de 7,2 MW y comenzó a inyectar energía al sistema nacional en la gestión de Mauricio Macri, dentro del programa RenovAr. Desde entonces, goza de beneficios especiales y tarifas privilegiadas: según denuncias, Hidden Lake cobra por el megavatio generado hasta diez veces más que otras represas estatales.

El empresario británico, que en abril fue condenado en EE.UU. por uso de información privilegiada, ha sido también señalado por su rol en episodios polémicos, como el viaje secreto de jueces, fiscales y empresarios a su estancia patagónica en 2022. Ese encuentro, recordado como el "escándalo de los huemules", incluyó a figuras cercanas al macrismo como Julián Ercolini y Carlos Mahiques.

Mientras tanto, los reclamos sociales por el acceso público al Lago Escondido siguen siendo reprimidos por seguridad privada. La presencia de Lewis, las maniobras legales y el aval estatal reciente alimentan la percepción de impunidad en un caso que combina poder económico, recursos estratégicos y favores políticos.