Según trascendió en los últimos días, el equipo presidencial trabaja en los aspectos legales y comunicacionales de una medida que sacudiría los cimientos de la política argentina: la firma de un indulto masivo a militares condenados. La fecha elegida no es azarosa; el próximo 24 de marzo marca el 50° aniversario del golpe de 1976, el día de mayor movilización social en repudio al terrorismo de Estado.

Aunque la decisión final no está tomada, la orden desde la Casa Rosada fue clara: estudiar la viabilidad jurídica de la medida. Actualmente, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 539 represores detenidos, de los cuales la gran mayoría (454) se encuentran bajo arresto domiciliario.

Los objetivos políticos detrás del anuncio

Analistas coinciden en que esta jugada tiene dos frentes principales:

1. Distracción de la crisis: el anuncio serviría para correr el foco de la caída productiva y la tensión social que atraviesa el país tras las últimas reformas.

2. Interna con Victoria Villarruel: la Vicepresidente ha sido históricamente la referente del vínculo con las familias de militares detenidos. Con esta medida, Javier Milei buscaría "primerear" a su compañera de fórmula y consolidar su liderazgo directo sobre el sector castrense.

El laberinto legal: ¿Es posible indultar crímenes de lesa humanidad?

Aquí es donde la propuesta encuentra su mayor obstáculo. La jurisprudencia argentina, respaldada por fallos de la Corte Suprema (como el caso "Mazzeo") y tratados internacionales con jerarquía constitucional, sostiene que los delitos de lesa humanidad son inindultables e imprescriptibles.

Expectativa por el Día de la Memoria

De confirmarse la intención oficial, el próximo 24 de marzo podría convertirse en la jornada de mayor tensión en las calles desde el inicio de la gestión libertaria. Los organismos de Derechos Humanos ya se encuentran en estado de alerta ante lo que consideran un retroceso histórico en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.