En el marco de la reestructuración del Estado, el gobierno de Javier Milei disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025. La medida responde a la convicción de que la política habitacional debe quedar en manos de provincias, municipios y el sector privado, limitando la intervención del Estado Nacional en el área.

La decisión también está ligada a la eliminación de fondos fiduciarios que administraban programas de vivienda y que, según el Ejecutivo, registraron irregularidades, falta de controles y mal uso de los recursos públicos.

Fondos fiduciarios bajo la lupa

La disolución de la Secretaría se suma al cierre de tres fondos claves:

• PROCREAR: A través del Decreto 1018/2024, el Gobierno inició la liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Una auditoría de SIGEN detectó demoras en la entrega de viviendas y unidades con fallas de habitabilidad.
• Fondo Fiduciario para la Vivienda Social: Cerrado mediante el Decreto 6/2025, este fondo había sido utilizado con fines políticos y clientelistas, con evidencias de incumplimientos y desvío de recursos.
• Fondo de Integración Socio Urbana (FISU): Actualmente en proceso de disolución, también había sido cuestionado por su administración y falta de transparencia.

Con la disolución de la Secretaría, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), liderada por Sebastián Pareja, y la Dirección Nacional de Arquitectura pasarán a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre se realizará de manera progresiva a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), que garantizará la transición de responsabilidades.

Desde Casa Rosada aseguraron que la medida busca reemplazar "el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad".