El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno avanzará con medidas judiciales e institucionales frente a una supuesta campaña de desinformación atribuida a una red vinculada a Rusia. El mandatario calificó el hecho como "de una gravedad institucional pocas veces vista" y aseguró que buscarán identificar a todos los responsables.

Según expresó, la información conocida hasta ahora representa apenas "la punta del iceberg" de una estructura más amplia de espionaje e influencia. "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", sostuvo.

Qué se sabe sobre la operación

De acuerdo con documentos difundidos por un consorcio internacional de periodistas, una organización denominada "La Compañía" habría financiado una campaña entre abril y octubre de 2024 para desacreditar al Gobierno argentino.

Los informes indican que se destinaron cerca de 283.000 dólares para la publicación de más de 250 artículos críticos en medios digitales, además de acciones coordinadas en redes sociales. Entre las irregularidades detectadas figuran autores ficticios, firmas inexistentes y contenido presuntamente generado con herramientas digitales.

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Investigación y reacción del Gobierno

El Ejecutivo ya activó tres líneas de acción: investigación judicial, refuerzo del sistema de inteligencia y seguimiento diplomático. La Secretaría de Inteligencia del Estado había advertido en 2025 sobre la posible presencia de agentes extranjeros operando en el país.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo de la maniobra era influir en la opinión pública y debilitar la imagen del Gobierno, en un contexto marcado por definiciones en política exterior y el apoyo argentino a Ucrania.

Tensión diplomática y repercusiones

La polémica escaló a nivel internacional luego de que la Embajada de Rusia en Argentina rechazara las acusaciones y las calificara como "infundadas", negando cualquier tipo de injerencia.

En paralelo, varios medios mencionados en los documentos desmintieron haber participado en campañas coordinadas o haber recibido financiamiento, aunque algunos admitieron la intervención de intermediarios en la publicación de contenidos.

Mientras avanza la investigación, el Gobierno mantiene su postura firme y busca determinar responsabilidades en un caso que podría tener impacto tanto en la política interna como en las relaciones exteriores.

Con información de Noticias Argentinas