En la antesala de una semana clave en el Congreso, el Gobierno nacional ratificó que vetará cualquier proyecto que implique un aumento del gasto público, incluyendo las iniciativas que buscan mejorar los haberes jubilatorios o extender moratorias previsionales.

"No vamos a tocar el Presupuesto", advirtieron desde la Casa Rosada, dejando en claro que el equilibrio fiscal sigue siendo una línea roja para Javier Milei y su equipo económico.

La oposición busca el quórum para votar aumentos

Este miércoles, un grupo de bloques opositores -Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios- intentará avanzar en Diputados con un temario que incluye una suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones y un aumento del bono extraordinario de $70.000 a entre $105.000 y $115.000.

El oficialismo, sin mayoría propia, depende de que varios gobernadores eviten que sus diputados bajen al recinto. Pero esta vez no hay una moneda de cambio clara como ocurrió semanas atrás con el proyecto de la Comisión $LIBRA.

Según cifras del Gobierno, aprobar estas medidas implicaría un costo fiscal superior a los USD 12.000 millones (1,8% del PBI). Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, advirtió en redes sociales que la intención detrás de estos proyectos es "romper el equilibrio fiscal que tanto costó conseguir".

Milei: dispuesto al veto, sin miedo al costo político

Desde el entorno presidencial aseguran que el veto está garantizado si se aprueban los aumentos, como ya ocurrió el año pasado con otras leyes similares. "Javier no duda. Prefiere bancarse la crítica antes que perder el rumbo económico", señalaron fuentes cercanas al mandatario.

La estrategia apunta a mostrar firmeza ante los mercados y consolidar el compromiso con el déficit cero, incluso si eso implica nuevas tensiones políticas.